La reforma del Código Procesal Laboral vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles de la provincia: cómo reducir la litigiosidad sin descuidar el trabajo.
El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, explicó que el proyecto busca modificar aspectos vinculados con las pericias médicas, la determinación de incapacidades, los costos de los procesos y las condiciones para apelar sentencias. Según el funcionario, la iniciativa espera ser debatida en la Legislatura antes del receso de verano.
El eje central es desarmar un cuello de botella en el fuero laboral. Para eso, el Gobierno plantea crear un cuerpo de peritos médicos especializados dentro del Poder Judicial, con salarios fijos que desvinculen sus honorarios del porcentaje de incapacidad otorgado en los fallos. En casos excepcionales, cuando intervengan profesionales externos por especialidad, se fija un tope de 8 JUS, alrededor de 800.000 pesos.
La norma también alinea las pericias al baremo de incapacidades de la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo, un esquema que, según el ministro, ya se implementó con éxito en Santa Fe. “Genera previsibilidad y genera seguridad jurídica”, sostuvo Troncoso.
Otro punto sensible es el de las apelaciones. Hoy, para apelar una sentencia, se exige depositar el monto de la condena más un 30% de intereses o trabar embargos. El proyecto revisa esas exigencias para proteger la liquidez de las pymes de la provincia. “Hay una discriminación subjetiva entre un empresario que tiene mucho capital en su espalda y una pyme que por ahí le cueste un poco más”, argumentó el ministro.
El diagnóstico oficial se apoya en cifras que muestran una escalada de la judicialidad laboral. Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Entre Ríos registró en 2024 un aumento del 12% en juicios laborales, frente al 7% nacional, y un pico del 39% en 2023, contra el 26% del país. Pese a que la siniestralidad disminuyó, la judicialidad llegó a 69,19 casos cada 10.000 trabajadores.
Frente a ese escenario, la postura del Gobierno provincial busca resguardar las fuentes de trabajo sin descuidar el equilibrio del sistema. “Estamos cuidando de alguna manera al que produce y genera trabajo y, si cuidamos al que produce y genera trabajo, estamos garantizando que se pueda seguir generando empleo genuino en la provincia”, sostuvo Troncoso.
El oficialismo encarará el tratamiento parlamentario con la intención de alcanzar acuerdos sin resignar el rumbo de la gestión. “No le tenemos miedo a la discusión, no le tenemos miedo al debate, no le tenemos miedo a partir de disensos para generar consensos”, afirmó el ministro para reafirmar que se escuchará a todos los sectores y de ese modo perfeccionar el proyecto.
El funcionario confirmó que el Ejecutivo buscará que el proyecto avance durante el actual período legislativo, aunque admitió que el tratamiento dependerá de los tiempos de la Legislatura. “Tenemos la decisión política de hacerlo ahora”, afirmó y agregó que la iniciativa es el resultado de un proceso que comenzó antes de su presentación formal.
El ministro planteó además que el tratamiento parlamentario puede permitir ampliar el alcance de la reforma. “Ojalá en el seno del debate surjan otros puntos de interés y podamos buscar una reforma más profunda”, dijo. La discusión comenzará ahora en la Legislatura, donde el oficialismo anticipó que convocará a colegios profesionales, organizaciones y actores vinculados con el mundo laboral.
Para el Gobierno, el desafío es modificar una norma que hoy parece más lenta que necesaria, y hacerlo con el equilibrio que pide el trabajo. ¿Te parece justo que la justicia laboral termine pesando sobre quien produce, contrata y sostiene el empleo en la provincia?
