El timing no pudo ser más cruel. Facundo Chrestia, investigador de 35 años formado íntegramente en la universidad pública, publicó en la prestigiosa revista PNAS un trabajo que podría cambiar el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer y la esquizofrenia. Unas semanas después, el Estado lo dejó sin beca.
El hallazgo, fruto de su tesis posdoctoral y realizado junto a colegas de la Universidad Nacional del Sur y la Universidad de Oxford, identificó cómo el cannabidiol (CBD) actúa sobre el receptor alfa-7, una molécula clave en la comunicación entre neuronas. El dato no es menor: ese receptor está directamente asociado a trastornos como la esquizofrenia y el Alzheimer, y comprender cómo el CBD lo modifica abre la puerta al diseño de fármacos mucho más precisos y eficientes.
Cecilia Bouzat, integrante del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca y parte del equipo, explicó la relevancia del trabajo: “El cannabidiol carece de los efectos psicoactivos asociados al cannabis, pero ha demostrado potencial terapéutico en diversas patologías neurológicas y psiquiátricas como la epilepsia, los trastornos de ansiedad y el dolor crónico”. Y fue más lejos: identificar el mecanismo exacto de acción sobre alfa-7 sirve de base para desarrollar fármacos dirigidos específicamente a ese receptor.
El propio Chrestia lo puso en palabras concretas: “Hoy en día hay compuestos que potencian a alfa-7, pero son tan exagerados que terminan teniendo un efecto más perjudicial que beneficioso. Saber los efectos y el lugar donde se une el cannabidiol a esta molécula puede ser útil para buscar nuevas opciones más efectivas”. El contexto global le da peso a esa afirmación: según la OMS, más de 57 millones de personas viven con demencia en el mundo y cada año se suman alrededor de diez millones de nuevos diagnósticos.
Pero mientras la ciencia celebraba, la política ajustaba. Chrestia fue incluido en la lista de los 400 becarios posdoctorales desvinculados del Conicet, el principal organismo de ciencia y tecnología del país. Primera generación de graduados universitarios en su familia, construyó su carrera paso a paso y con esfuerzo. El golpe lo encontró en el mejor momento profesional de su vida.
“Me siento muy triste y muy defraudado, me duelen todas las palabras de este gobierno. Encima, nadie nos dice cómo seguir y el silencio es más doloroso”, señaló el investigador bahiense. Ahora compite por un cargo docente en la UNS contra colegas con más trayectoria, mientras busca cómo sostenerse económicamente sin abandonar la investigación. “Justo estoy en el pico de mi carrera con un montón de puertas abiertas y tuve unos resultados extraordinarios, pero me cortan justo ahora”, resumió con una mezcla de bronca y perplejidad.
El caso de Chrestia condensa una paradoja que muchos científicos argentinos están viviendo en carne propia: el país financia durante años la formación de un investigador, ese investigador produce conocimiento de impacto global, y en el momento en que empieza a rendir frutos, el Estado le da la espalda. El costo de esa decisión no se mide en pesos, sino en años de ciencia que se van con cada beca que no se renueva.
