La Justicia laboral de Concordia cerró una de las aristas del escándalo por fraude con medidores de energía en la Cooperativa Eléctrica: el despido de uno de los empleados involucrados quedó firme, sin indemnización y con costas a cargo del ex trabajador. Un fallo que le da la razón a la institución y deja en claro que la investigación interna no fue en vano.
La sentencia fue dictada el 6 de agosto por el juez Ricardo A. Larocca, titular del Juzgado del Trabajo N° 2, en el expediente caratulado Briceño, Horacio Alcides c/ Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Limitada s/ Cobro de Pesos (Expte. N° 4643-11). El magistrado analizó las pruebas testimoniales, los argumentos de ambas partes y, de manera especial, el sumario administrativo que la propia Cooperativa había instruido.
La conclusión fue contundente: el despido directo dispuesto por la institución estaba “ajustado a derecho”. En consecuencia, Larocca rechazó en su totalidad los rubros indemnizatorios que reclamaba Briceño, quien pretendía cobrar $43.487.676,27 más intereses desde el momento de su desvinculación. Las costas del proceso quedaron a cargo de la parte actora.
El trasfondo del caso se remonta a 2022, cuando la Cooperativa detectó, a través de una investigación interna, más de un centenar de medidores adulterados instalados en grandes consumidores de energía de la ciudad: comercios, emprendimientos y aserraderos, entre otros. Los equipos habían sido manipulados para registrar un consumo inferior al real, lo que se traducía en facturas notoriamente menores a las que correspondían.
El hilo se tiró desde un hallazgo casi casual: un trabajador del área de Laboratorio que cubría temporalmente al personal de Hurtos y Fraudes detectó, durante una inspección de rutina, un medidor adulterado en una cafetería de una reconocida firma de panificados. A partir de ese primer caso, la revisión en cadena destapó la maniobra sistemática. La hipótesis que tomó forma era que los medidores eran retirados bajo el pretexto de ser equipos “sospechosos” y reemplazados por otros previamente manipulados. La propia investigación interna apuntó a personas vinculadas al área de detección de irregularidades, contratistas y hasta la eventual participación de un efectivo policial.
Uno de los casos más resonantes involucraba a un aserradero cuyo propietario, según los testimonios que circularon en la investigación, habría pagado una suma mensual para sostener la maniobra y obtener un ahorro considerable en su factura eléctrica.
El expediente laboral resuelto por Larocca es independiente de la causa penal que sigue su curso. En junio de 2025, el fiscal Martín Núñez había precisado que la investigación penal contabilizaba 22 casos con irregularidades: seis medidores adulterados, 16 usuarios beneficiados con subfacturación y 12 medidores que no pudieron ser localizados. Una cifra sensiblemente menor a los más de cien que la Cooperativa había informado en 2022, diferencia que sigue siendo uno de los interrogantes abiertos del caso. Núñez también había señalado que existían cuatro empleados sospechados y que para modificar las facturas era necesario contar con acceso a las claves del sistema informático de la institución. La causa penal continúa en trámite.
