La discusión por la Ley de Semillas entró en la etapa más delicada: el Gobierno recibirá las posiciones de productores y semilleros y definirá el proyecto que irá al Congreso.
El encuentro se hizo en la Secretaría de Agricultura y reunió a Sergio Iraeta, Manuel Chiappe y Martín Famulari, presidente de INASE, con representantes del campo y de la industria semillera.
De la mesa salieron nombres clave del diálogo: Lucas Magnano por Coninagro, Tomás Palazón por SRA, y Pablo Ginestet y Gustavo Suter Schneider por CRA, en forma virtual.
Federación Agraria Argentina no participó por su Congreso anual. La ausencia dejó una mesa incompleta, pero no frenó el objetivo: conocer hasta dónde habían llegado los sectores.
El punto de fricción sigue siendo el uso propio: qué productor puede guardar semilla y volver a sembrar sin pagar de nuevo por la tecnología, y quién debe reconocer una regalía a los obtentores.
La reunión se produjo apenas diez días después de la tercera mesa de trabajo entre la Mesa de Enlace y la Asociación de Semilleros Argentinos. Ahí ya se había avanzado, pero el uso propio seguía en el aire.
El acuerdo sobre usar el SISA como referencia fue uno de los avances más importantes. El sistema registra superficie sembrada, producción y permite clasificar a los productores en diez deciles según su escala.
La propuesta apunta a usar esa información para determinar quiénes podrían conservar y utilizar semilla propia sin pagar nuevamente por la tecnología y quiénes deberían reconocer una regalía. Por ahora, hay coincidencia sobre el criterio, pero no sobre los números concretos.
Para soja, trigo y arroz, la distancia es concreta: los productores proponen que el pago alcance a los deciles 1, 2 y 3 del SISA, y exceptúe a los deciles 4 al 10.
La industria semillera, en cambio, quiere ampliar el pago a los deciles 1 al 6 y dejar fuera solo a los deciles 7 al 10. Esa diferencia involucra a 16.818 productores y 1.855.452 hectáreas.
“El diálogo fue constructivo y permitió avanzar en varios puntos, aunque todavía persisten diferencias”, señaló Lucas Magnano, titular de Coninagro. El dirigente advirtió que el Estado evaluará la información y volverá a convocar a los sectores antes de avanzar.
La SRA pidió una reforma con consenso amplio, equilibrio, previsibilidad y reglas claras. La entidad espera la propuesta oficial para analizarla institucionalmente.
El Estado quedó habilitado para avanzar: cada sector presentó su posición respecto del uso propio y el Ejecutivo deberá transformar esas posiciones en un texto legal. La intención declarada es buscar el mayor consenso posible.
Para el campo, la reforma no puede ser solo un ajuste técnico: toca el derecho de guardar semilla, la escala productiva y la relación con la innovación. Para la industria, el punto es reconocer el desarrollo de nuevas variedades.
La pelota quedó en manos del Gobierno. El próximo paso es armar el proyecto de ley, escuchar observaciones y llevar la discusión al Congreso, y ahí vas a ver si cada número deja más campo tranquilo o más tensión.
