Declarar la emergencia en salud mental con una mano y firmar una reforma jubilatoria regresiva con la otra. Eso es lo que ocurrió en Entre Ríos, y la paradoja no pasa desapercibida para quienes trabajan en el terreno real del padecimiento psíquico.
La urgencia sanitaria decretada por el gobierno provincial llega envuelta en formalidades y gestos para la tribuna. En Concordia, el Municipio y el Concejo Deliberante adhirieron al programa provincial de prevención del suicidio con similar pompa. Pero la adhesión institucional no reemplaza la política concreta, y los números de internaciones por tentativas de autoeliminación no se reducen con resoluciones.
El argumento de fondo es tan antiguo como contundente: el padecimiento psíquico no cae del cielo. La pobreza, el desempleo, la angustia de no llegar a fin de mes y la desesperación por no resolver necesidades básicas son entramados causales del sufrimiento colectivo. Ignorar ese vínculo no es un error técnico, es una decisión política.
La historia argentina lo confirma con datos duros. En la década del 30, con el hambre y la desocupación como telón de fondo, se registraron los mayores índices de suicidio de los que se tenga registro. En los años 90, las tasas crecieron entre jubilados y adultos mayores, golpeados por políticas de ajuste y humillación. En el estallido de 2001, el desempleo brutal y las privatizaciones dispararon las internaciones por tentativas de autoeliminación en hospitales de todo el país, incluido el Hospital Felipe Heras de Concordia.
Desde la organización vecinal Lazos en Red, que trabaja en la prevención del suicidio en Concordia, se llevó al Concejo Deliberante el libro Trabajo, desocupación y suicidio: efectos psicosociales del desempleo, de Miguel Orellano, para señalar que los despidos municipales tienen consecuencias psicosociales medibles. El mensaje fue claro: no se puede votar recortes de empleo y al mismo tiempo firmar ordenanzas de prevención sin que eso resulte una contradicción obscena.
La Ley Nacional de Salud Mental ya existe y obliga al Estado a garantizar prevención y asistencia. Aplicarla con seriedad evitaría decretos de emergencia que llegan tarde, con poca sustancia y en simultáneo con medidas que agravan exactamente lo que dicen querer atender. El cinismo no es un detalle menor: es el núcleo del problema.
