Hay un mapa que no aparece en los manuales escolares pero que define, silenciosamente, quién manda sobre la tierra del noreste argentino. Misiones, Corrientes y Entre Ríos son el escenario de un proceso de extranjerización que avanza con la discreción de quien no quiere ser visto.
El dato más contundente viene de Misiones: el 11,29% de su territorio —más de 325.750 hectáreas— está en manos de capitales extranjeros, lo que la convierte en la provincia más extranjerizada de la región. Y no es un fenómeno disperso: prácticamente ocho de cada diez hectáreas extranjerizadas corresponden a capitales chilenos. El nombre detrás de ese número es uno solo: Arauco, la gigante forestal chilena que opera a través de distintas sociedades vinculadas —entre ellas Alto Paraná S.A.— y que acumula más de 240.000 hectáreas en suelo misionero. Su modelo es el monocultivo de pino y eucalipto para celulosa, un esquema que desplaza la producción diversificada y expulsa a los pequeños productores de sus propias tierras.
La concentración no es aleatoria. Los siete departamentos misioneros con frente sobre el río Paraná son los más afectados. Iguazú encabeza el ranking con casi el 40% de su superficie rural en manos extranjeras —unas 114.400 hectáreas—, seguido por Montecarlo (18,4%), General San Martín (16,8%) y Eldorado (16,2%). El intendente de Puerto Libertad, en el departamento de Iguazú, lo dijo sin rodeos: la localidad “es una prueba viva de que la extranjerización de la tierra trae complejidades para el desarrollo de los pueblos”, señalando que alrededor del 80% de las tierras útiles del municipio pertenecen a una sola empresa. Una perspectiva que comparten otros 20 intendentes de la provincia.
La preocupación no queda en los despachos políticos. Más de 30 organizaciones sociales, gremiales, productivas y políticas de Misiones —entre ellas la Federación Nacional Campesina, la CTA Autónoma, ATE, el MTE y la UTT— rechazaron públicamente el avance del proceso y aportaron dos datos que no dejan margen para la duda: tres empresas concentran más del 20% de la tierra rural misionera, y el 14% de las mejores tierras productivas ya está en manos extranjeras.
En Corrientes, la extranjerización alcanza el 7,63% de la superficie provincial, unas 554.000 hectáreas. Aquí el capital está más diversificado: el estadounidense lidera con más de 122.000 hectáreas, seguido por el chileno (95.400 hectáreas), el holandés (72.000 hectáreas) y el luxemburgués (69.400 hectáreas). Este último dato tiene su propia historia: Luxemburgo es uno de los llamados paraísos fiscales, un país de apenas 660.000 habitantes cuya legislación favorece la radicación de sociedades pantalla con baja o nula tributación. Que casi 70.000 hectáreas correntinas figuren bajo titularidad luxemburguesa —concentradas en los departamentos arroceros de Goya y alrededores— no es un detalle menor: es una señal de cómo se estructura el capital financiero global cuando pone los ojos sobre la tierra argentina.
El informe, firmado por Pablo Volkind, Matías Oberlin Molina, Julieta Caggiano, Gabriela Elias, Micaela Medero Larrosa, Maia Sol Ilutovich y Thomás Artopoulos, pone sobre la mesa un debate que la política regional esquiva con comodidad: la ley de tierras existe, pero sus límites y controles son porosos. Mientras tanto, el mapa de la propiedad en el noreste argentino se sigue redibujando, hectárea por hectárea, en favor de quienes operan desde el otro lado de la cordillera o desde oficinas en el corazón de Europa.
