La tinta de la reforma previsional todavía no secó y ya hay quienes preparan la respuesta en los tribunales. Mario Huss, vicepresidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, salió con los tapones de punta: la norma, tal como quedó aprobada, perjudica a los jubilados de hoy y también a los que vendrán.
El rechazo no es nuevo. El Centro viene alertando desde hace tiempo sobre el impacto de esta reforma, pero la aprobación definitiva recrudeció la postura. Huss fue claro: si el camino político no alcanza, el camino judicial está sobre la mesa. La judicialización aparece como una herramienta concreta, no como una amenaza vacía.
Lo que está en discusión no es un detalle técnico. Una reforma previsional toca el bolsillo de miles de entrerrianos que ya jubilaron su vida laboral y de muchos más que todavía esperan llegar a ese momento con algo de dignidad. Cuando quienes representan a ese sector hablan de ir a la Justicia, el dato no es menor: significa que agotaron la confianza en el proceso legislativo.
La pelota queda ahora en la cancha de los organismos judiciales. Si el Centro de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos concreta las presentaciones anticipadas por Huss, será la Justicia la que deba decir si esta reforma resiste el escrutinio legal o si, como sostienen los jubilados, vulnera derechos adquiridos. El tiempo, en estos casos, siempre corre en contra de los que menos tienen.
