La votó el oficialismo, la rechazó el peronismo, y el debate dejó más preguntas que respuestas. La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio sanción a la reforma jubilatoria impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, con el voto en contra del bloque opositor «Más Para Entre Ríos», que no dudó en calificar la norma como una ley de ajuste previsional.
La bancada peronista ratificó así la postura que ya habían fijado sus autoridades partidarias, los legisladores y la Liga de Intendentes. El argumento central: las medidas tendrán un impacto negativo sobre los jubilados actuales y los trabajadores estatales, y el Ejecutivo provincial no pudo precisar en cuánto se reducirá el déficit de la Caja de Jubilaciones ni qué beneficio concreto obtendrá la provincia.
Desde la oposición también cuestionaron la celeridad del tratamiento legislativo en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Social. Señalaron que el debate formal no contempló ninguna modificación al texto original enviado por el Senado, lo que para muchos legisladores fue una señal de que el resultado estaba decidido de antemano.
Los cuestionamientos de fondo fueron varios y de peso. El bloque opositor advirtió sobre una posible inconstitucionalidad en la norma, la alteración del esquema de movilidad jubilatoria y la delegación de facultades al Ejecutivo por cuatro años. También pusieron en duda el carácter de «emergencia» atribuido al proyecto y sostuvieron que existían propuestas alternativas de distintos sectores que el oficialismo ignoró.
Otro punto caliente fue el impacto sobre los municipios. Diversos diputados alertaron que la reducción en la coparticipación afectará la prestación de servicios y la ejecución de obras locales, golpeando directamente las finanzas de intendencias y comunas de toda la provincia. Una preocupación que los intendentes peronistas ya habían expresado antes de la sesión.
Al cierre del debate, la presidenta del bloque opositor, Laura Stratta, fue contundente: la norma representa una delegación excesiva de facultades y un retroceso para los derechos de los trabajadores públicos y jubilados entrerrianos. La reforma quedó aprobada, pero la pelea política y jurídica sobre su alcance real recién empieza.
