Un millón de dólares por día. Ese es el número que Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, puso sobre la mesa para justificar la urgencia de aprobar la reforma previsional provincial. No es un dato menor: en un contexto de ajuste y presión fiscal, ese ritmo de pérdida convierte cualquier demora legislativa en un lujo que la provincia no puede darse.
“No vamos a hacer desaparecer el déficit, pero sí vamos a evitar que explote y comenzar a reducirlo“, afirmó el mandatario entrerriano antes de la aprobación de la ley. La frase resume con precisión el horizonte que el gobierno provincial se traza: no hay milagros prometidos, sino una administración del daño con perspectiva de largo plazo.
Frigerio también apuntó al frente nacional. En sus palabras, la reforma es solo una parte de la ecuación: el otro capítulo pendiente es el reclamo al Gobierno nacional para que transfiera los fondos que le corresponden a Entre Ríos. Una deuda que, según el gobernador, pesa sobre las cuentas provinciales y que ninguna reforma interna puede compensar por sí sola.
La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos arrastra un déficit estructural que no es novedad, pero que la coyuntura económica nacional volvió insostenible a este ritmo. La reforma aprobada busca poner un piso, frenar la hemorragia y ganar tiempo mientras se negocia con Nación. El debate sobre quién paga el costo político y social de ese ajuste recién empieza.
