La Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió en ley la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial, cerrando así un proceso legislativo que ya había superado la instancia del Senado con media sanción. El proyecto, denominado “Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional”, obtuvo los votos necesarios del oficialismo para su aprobación definitiva.
La norma declara la emergencia del sistema jubilatorio provincial por dos años y establece modificaciones al régimen de la Caja de Jubilaciones con el objetivo declarado de garantizar su sustentabilidad a largo plazo. El diagnóstico oficial es claro: sin intervención, el sistema no cierra.
Uno de los datos que marcó el debate fue el apoyo expreso de las entidades del sector privado, que respaldaron la iniciativa antes de su tratamiento en la cámara baja. Ese aval no es menor: le dio al oficialismo un paraguas político para avanzar en una reforma que, en cualquier provincia, suele despertar resistencias.
La reforma a la Caja de Jubilaciones entrerriana llega en un contexto nacional donde varias provincias enfrentan el mismo dilema: sistemas previsionales que acumulan déficit y presionan sobre las finanzas públicas. Entre Ríos eligió el camino de la intervención legislativa, con emergencia incluida, para intentar reordenar el esquema antes de que el problema se vuelva inmanejable.
Con la promulgación que resta, la ley entrará en vigencia y comenzará el reloj de los dos años de emergencia durante los cuales el Ejecutivo provincial tendrá mayores márgenes para aplicar los cambios estructurales previstos en el texto aprobado. Lo que venga después dependerá de si esas modificaciones alcanzan para estabilizar el sistema o si, como ocurrió en otros distritos, la emergencia se convierte en un estado permanente.
