Nueve animales faenados en el campo. Un tiro en la cabeza, los huesos y las vísceras tirados al costado, y los terneros cargados como si fueran ciervos. Eso es lo que encontró Álvaro Prevero, productor agropecuario de la zona de Bovril, en el norte entrerriano, en apenas 20 a 30 días. La pérdida económica que estima ronda entre 15 y 18 millones de pesos.
Prevero lleva años registrando episodios de abigeato en su establecimiento, pero reconoce que nunca había enfrentado una situación de esta magnitud. El golpe no solo fue económico: lo obligó a cambiar radicalmente su forma de trabajar. Hoy traslada parte de los animales hacia corrales próximos a su vivienda para intentar protegerlos, lo que genera mayores costos, dificultades de manejo y estrés en la hacienda.
“Es difícil el manejo. Tenemos el campo dividido en 25 hectáreas para el pastoreo, y llevar y traer la hacienda genera mucho estrés. Inclusive, una de las vacas que nos carnearon fue la que no alcanzamos a encerrar en los corrales pegados al establecimiento. El animal volvió al monte y apareció faenado al día siguiente”, relató el productor.
Su establecimiento tiene 200 hectáreas, de las cuales 65 están destinadas a agricultura y el resto al monte donde desarrolla la actividad ganadera. Tras los robos, pasó de tener unas 80 madres a alrededor de 70. Un rodeo que no puede recomponer sin garantías mínimas de seguridad.
Uno de los puntos más críticos que señala Prevero es la demora en las investigaciones judiciales. Pese a las denuncias y a la intervención de la Policía y la Brigada de Delitos Rurales, durante mucho tiempo hubo dificultades para concretar allanamientos y avanzar con las causas. En el marco de un operativo se detuvo a una persona, pero el productor sostiene que la situación sigue en una etapa inicial y que la solución exige un trabajo coordinado entre productores, policías, fiscales y autoridades locales.
El cuadro se agrava porque los hechos no parecen aislados. Prevero sostiene que la carne obtenida clandestinamente se comercializa tanto en la localidad como en otros lugares, y que existe un conocimiento bastante extendido sobre el funcionamiento de estas redes delictivas. El monte bajo y espeso de la zona, además, complica cualquier alternativa de vigilancia privada: los costos son altos y la geografía juega en contra.
El productor no descarta armarse o contratar seguridad privada, pero reconoce que ninguna de esas opciones es viable a largo plazo. Su reclamo es concreto: que las autoridades asuman un compromiso activo y sostenido para prevenir los delitos rurales y darle seguimiento real a las investigaciones, de modo que los pequeños productores puedan seguir trabajando sin tener que convertirse ellos mismos en vigilantes permanentes de sus propios campos.
