La firma llegó con fecha 24 de julio y el mensaje es claro: los equipos directivos de las escuelas secundarias del departamento Concordia no quieren el nuevo sistema de comedores escolares que el Gobierno de Entre Ríos está implementando a través de una empresa bonaerense. El documento, dirigido a la Dirección Departamental de Escuelas y a las supervisoras de las zonas II, III y XXVI, lleva las firmas de rectoras y rectores de establecimientos secundarios y pide, sin rodeos, la suspensión del esquema.
El centro de la disputa es la contratación de la empresa Teknofood, de origen bonaerense, para abastecer los comedores escolares de la provincia. Con esa decisión, la provisión de alimentos para desayunos y meriendas quedó concentrada en una única adjudicataria, dejando afuera a los proveedores locales que históricamente abastecieron a las escuelas. Los directivos lo llaman sin vueltas: un «retroceso nutricional». Sostienen que se reemplazan alimentos frescos comprados en la comunidad por productos industrializados y ultraprocesados, pensados para durar meses en una estantería, no para alimentar a un adolescente a las ocho de la mañana.
El pronunciamiento se suma a una ola de cuestionamientos que ya habían formulado el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, la Asociación Entrerriana de Nutrición, el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, AGMER y distintos dirigentes políticos. La presión sobre el gobierno provincial crece y el frente de resistencia se amplía con cada semana que pasa.
Los firmantes también cuestionan la legalidad del nuevo esquema. Señalan que colisiona con la Ley Nacional de Etiquetado Frontal, con la Ley Provincial de Seguridad Alimentaria Escolar y con la Ley Nacional de Agricultura Familiar, al privilegiar una contratación centralizada en detrimento de pequeños productores y comerciantes entrerrianos. Y agregan un dato que duele doble: esos mismos proveedores locales que ahora quedan afuera aún tienen millonarios pagos pendientes por parte del Estado provincial.
El documento también desnuda el estado real de los edificios escolares. Según los directivos, muchas escuelas carecen de infraestructura para funcionar como centros de acopio: problemas edilicios, cocinas inadecuadas, falta de gas natural, matafuegos sin recargar, fumigaciones vencidas y, en algunos casos, presencia de murciélagos en los edificios. Pedir que esos espacios reciban y almacenen mercadería centralizada, dicen, es desconocer la realidad de las escuelas públicas entrerrianas.
Uno de los párrafos más duros del escrito apunta directamente a las declaraciones de funcionarios provinciales que justificaron la reforma citando irregularidades en el sistema anterior. Los directivos expresan su «repudio absoluto» a lo que describen como intentos de criminalizar su honorabilidad y dejan en claro que no aceptan ser usados como «chivos expiatorios» de fallas que, según afirman, tienen origen en las propias trabas burocráticas del Estado y en la Dirección de Comedores Central. Como nota al margen, el documento también pide que en días de lluvia, actos escolares o fechas especiales se permita al personal preparar tortas fritas, consideradas parte de la identidad cultural de la comunidad educativa.
El pronunciamiento cierra reclamando al Consejo General de Educación y a la Dirección Departamental que intervengan para suspender la implementación del nuevo sistema y defender el derecho de los estudiantes a una alimentación sana, fresca y local. La pelota queda ahora en la cancha del gobierno provincial, que hasta el momento no modificó su posición sobre la contratación de Teknofood.
