Mientras el gobierno provincial avanza con su proyecto de modernización del Estado, UPCN salió a marcar la cancha: sin garantías laborales concretas, no hay transformación digital que valga. El sindicato llevó sus propuestas a la comisión de la Cámara de Diputados y dejó en claro que la digitalización no puede hacerse a costa de los trabajadores estatales.
La propuesta central del gremio apunta a incorporar un capítulo específico que asegure “una transición digital justa y ordenada” para los empleados públicos provinciales. El texto que presentaron establece que ningún cambio derivado de la transformación podrá ir en desmedro de los derechos y garantías que ya amparan a los trabajadores, remitiendo expresamente a lo establecido en la Ley 9755 y su modificatoria 9811, hasta tanto se suscriba un Convenio Colectivo de Trabajo.
Uno de los puntos más contundentes del planteo gremial es que cualquier modificación en la organización, funciones o condiciones de trabajo deberá discutirse y acordarse previamente con las organizaciones gremiales. Sin negociación, sin cambios: así de claro lo planteó UPCN ante los legisladores.
El sindicato también puso el foco en la brecha digital. Reclamó que se garantice asistencia humana en todas las instancias del servicio y que existan canales alternativos para quienes no puedan acceder a medios digitales. La advertencia es directa: si el Estado se digitaliza sin contemplar esa realidad, habrá ciudadanos que pierdan derechos simplemente por no saber usar una aplicación o no tener acceso a internet.
En materia de capacitación, la propuesta exige que el Estado garantice el derecho a la formación y reconversión de los empleados en cada etapa de implementación, proveyendo las herramientas tecnológicas necesarias. Y va más lejos: pide que se establezcan grados de responsabilidad vinculados a las nuevas funciones digitales, con el correspondiente reconocimiento salarial. Dicho de otro modo, más responsabilidad digital debe traducirse en más sueldo.
Sobre el Artículo 12° del proyecto, UPCN propuso ampliar la definición de los principios éticos y garantías para el uso responsable de la inteligencia artificial, e impulsó la creación de un “Órgano de Supervisión Ética y Control de Tecnologías Digitales e Inteligencia Artificial”, un organismo específico que fiscalice cómo el Estado aplica estas herramientas.
La delegación gremial que concurrió al debate estuvo integrada por la Secretaria Adjunta Carina Domínguez, la integrante de la Comisión Directiva Pamela Encina y la asesora Sandra Varas. El debate en comisión continúa abierto y las propuestas de UPCN quedan formalmente incorporadas al proceso legislativo.
