Unidas y con un mensaje claro: las entidades del campo le pidieron al Gobierno nacional que no avance con el anteproyecto de ley que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para modificar el esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
La postura del sector no deja margen para la ambigüedad. “Degradar la credibilidad y la capacidad operativa del IPCVA implicaría retroceder en logros construidos con años de trabajo”, expresaron en un documento conjunto que refleja una inusual confluencia entre entidades que no siempre hablan con una sola voz.
El IPCVA es el organismo encargado de la promoción y el posicionamiento de la carne vacuna argentina en los mercados internacionales y en el consumo interno. Su financiamiento actual, sostenido por aportes del sector productivo, es justamente el punto que el anteproyecto oficial pretende reformar. Para el campo, tocar ese esquema es tocar la herramienta misma con la que Argentina vende su proteína al mundo.
La pregunta que sobrevuela el conflicto es directa: ¿por qué desregular un organismo que funciona y que el propio sector financia sin costo para el Estado? La lógica desreguladora del gobierno de Javier Milei encontró en este caso una resistencia transversal, que va más allá de las diferencias internas del agro argentino.
Las entidades advirtieron que los avances del IPCVA en materia de promoción, apertura de mercados y certificaciones de calidad son el resultado de una política sostenida en el tiempo, y que cualquier modificación abrupta en su estructura podría comprometer esos resultados. El mensaje al Ejecutivo es contundente: no avancen.
El anteproyecto aún no tiene estado parlamentario definitivo, pero la reacción unificada del sector agropecuario instala el tema en la agenda política nacional con fuerza suficiente como para que el Gobierno tenga que dar explicaciones o, al menos, recalcular.
