Los propios comerciantes lo dijeron antes de que se votara: el proyecto era “irrelevante, estéril y carente de efectividad”. Y sin embargo, el oficialismo firmó el dictamen sin cambiar una coma. Ese fue el eje del debate que sacudió este miércoles la sesión especial de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde el bloque justicialista decidió abstenerse de votar la llamada ley de alivio fiscal para el sector comercial.
La diputada Andrea Zoff, legisladora paranaense, fue la voz más contundente de la oposición. Recordó que los representantes del sector comercial se sentaron en comisión, expusieron la situación crítica que atraviesan —caída de ventas, suba de tarifas, costos que se disparan— y cuando se levantaron para irse, el oficialismo procedió a firmar el dictamen tal cual estaba, sin incorporar ninguna de las observaciones recibidas. La reacción de los propios comerciantes fue elocuente: “¿Para qué nos invitaron? Es una formalidad. Nos usaron para hacer una campaña de promoción publicitaria política”, según citó Zoff.
El núcleo del cuestionamiento apunta al alcance real de la medida. La exención para monotributistas de las categorías A, B y C implica que dejarán de pagar entre 8.000 y 19.000 pesos mensuales. Zoff fue directa: “Los invito simplemente a que vean lo que cuesta el alquiler de un local o lo que cuestan las tarifas, y lo comparen con estos montos”. Un alivio que, medido contra los costos reales de sostener un comercio abierto, luce más simbólico que estructural. Además, para acceder al beneficio, los comerciantes deben tener sus pagos al día, condición que en plena crisis resulta, cuanto menos, exigente.
Zoff también cuestionó los otros artículos del proyecto. El beneficio al buen pagador —eximiéndolo de la cuota número 12— y la derogación del Impuesto de Sellos para la reconducción de sociedades, a su criterio, no forman parte de un plan de alivio genuino para el comercio. “Esto tampoco forma parte de un plan de alivio, y no son las medidas que necesitamos para este contexto”, sostuvo.
Otro punto de tensión fue la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Para los comerciantes fuera de las categorías A, B y C, la definición de las políticas de reducción impositiva quedaría en manos del Ejecutivo provincial, sin que la Legislatura fije criterios claros. El diputado Juan José Bahillo también apuntó contra ese mecanismo, que el bloque peronista rechaza de manera explícita.
Zoff recordó que hace nueve meses presentó un proyecto para declarar la emergencia económica, productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las micro y pequeñas empresas de Entre Ríos, con un abordaje integral que nunca fue tratado por el oficialismo. Para la legisladora, la sesión de este miércoles representó una “oportunidad perdida” de sancionar una norma que realmente auxilie al sector. La ley fue aprobada con los votos del oficialismo y la abstención del bloque justicialista.
