Hay historias que incomodan porque obligan a mirar de frente lo que muchos prefieren ignorar. La de Gerardo Ferreyra, expresidente de Electroingeniería, es una de esas: un empresario que impulsó la asociación con China para construir las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la Patagonia, terminó preso, y hoy dice que la condición para salir era sencilla y sucia: mentir para hundir a los Kirchner.
Ferreyra fue el primero en articular una alianza con la empresa china Gezhouba para financiar y construir infraestructura energética en Argentina. Las represas en Santa Cruz, financiadas con capital chino y con prioridad para proveedores nacionales en hierro y cemento, eran parte de un entramado de cooperación que arrancó con el Acuerdo Estratégico firmado entre Néstor Kirchner y Hu Jintao en 2004 y se fue profundizando con el swap, las inversiones ferroviarias y otros convenios. Todo eso, según Ferreyra, sin la venia de Washington.
“Cuando se quisieron dar cuenta, dijeron: a todos los que colaboraron con China les vamos a hacer una causa”, relató el empresario, trazando un paralelo con lo que ocurrió con Lula da Silva en Brasil y con Rafael Correa en Ecuador. La palabra que usa para describir el mecanismo es lawfare: una máscara judicial para perseguir figuras políticas sin que haya delito real de fondo.
En ese marco ubica la llamada “Causa Cuadernos”, que acusó una supuesta red de corrupción en la obra pública kirchnerista a partir de unos cuadernos escritos a mano que llegaron al periodista Diego Cabot del diario La Nación. Ferreyra cuestiona la solidez de esa prueba: los peritos de ambas partes en el juicio confirmaron que los cuadernos tenían tachaduras y caligrafías de distintas manos, sin origen claro. Ante esa fragilidad probatoria, sostiene, la estrategia fue buscar confesiones de empresarios amparados en la Ley del Arrepentido.
“Quería que mienta para ensuciar a Néstor y a Cristina”, resumió Ferreyra con una contundencia que no deja mucho margen para la ambigüedad. Según su relato, la presión sobre los empresarios involucrados buscaba construir una narrativa de corrupción que sostuviera la causa cuando las pruebas documentales no alcanzaban. Él dice que no cedió.
El caso de Ferreyra se inscribe en un debate más amplio sobre el rol de la justicia, los medios y la política exterior en la Argentina de la última década. La relación con China, que él ayudó a construir ladrillo a ladrillo desde el sector privado, hoy vuelve a estar en discusión en un contexto internacional donde las potencias disputan influencia en América Latina con una intensidad que no se veía desde la Guerra Fría. Ferreyra recuperó su libertad, pero el proceso judicial sigue abierto y su versión de los hechos, por ahora, es solo eso: su versión.
