La discusión sobre el patrimonio del Estado entrerriano volvió a encenderse. En el centro de la polémica: un proceso que sectores opositores describen como una entrega sistemática de tierras fiscales provinciales, impulsado desde el gobierno de Rogelio Frigerio. La acusación es fuerte y merece ser analizada con cuidado.
Según voces críticas al gobierno provincial, el plan tendría varias etapas. La primera habría sido el endeudamiento en dólares con organismos internacionales, con cláusulas que fijan como sede de reclamos tribunales radicados en Nueva York, algo que en Argentina tiene un historial doloroso: los embargos del juez Thomas Griesa y el caso YPF con la jueza Loretta Preska son los ejemplos más frescos en la memoria colectiva. La segunda etapa, denuncian, sería la liquidación del patrimonio inmobiliario del Estado.
En ese marco, los sectores que cuestionan la gestión apuntan a dos funcionarios clave en la instrumentación del proceso: el abogado Eduardo Asueta y Lucía Varisco, referente del radicalismo provincial. Ambos son señalados, según estas fuentes, como los encargados de darle forma institucional a las decisiones del Ejecutivo provincial. Ni Asueta ni Varisco han dado respuesta pública a estas críticas hasta el momento.
Vale aclarar que estas son acusaciones de sectores opositores y no hechos probados judicialmente. El gobierno de Frigerio no ha emitido, al cierre de esta nota, una respuesta oficial que desmienta o explique el alcance real de las políticas cuestionadas sobre tierras fiscales.
Lo que sí es un dato de la realidad es que Entre Ríos arrastra una deuda pública en moneda extranjera que condiciona su margen de maniobra presupuestaria, una situación que atravesó distintas gestiones y que hoy pesa sobre las cuentas provinciales. Cómo se administra ese patrimonio fiscal en este contexto es, legítimamente, una pregunta que la ciudadanía entrerriana tiene derecho a hacerse y que el gobierno provincial tiene la obligación de responder con transparencia.
