El lunes 20 de julio los docentes de Entre Ríos paran por octava vez en lo que va del año. La chispa esta vez fue el rechazo a la última oferta del Gobierno provincial: un 3% de aumento para julio, a pagar en agosto, y otro 4% para septiembre, a pagar en octubre. Números que, a ojos de los gremios, no alcanzan ni para cubrir lo que ya se perdió.
Lía Fimpel, secretaria adjunta de AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos), lo puso en palabras simples: nadie quiere llegar a esta situación, pero es la consecuencia directa de lo que viene sucediendo con el Gobierno. El reclamo no es abstracto: es por el sueldo con el que un maestro tiene que comer, vestirse, pagar el alquiler y mandar a sus hijos a la escuela.
Desde la seccional Concordia, la secretaria general María José Chapitel fue más precisa en la denuncia: el Gobierno ignoró la variación del IPC de diciembre, enero, febrero, abril, mayo y junio. Seis meses de inflación que simplemente no se reconocieron en el salario. “Están ignorando completamente los números que arroja la inflación”, afirmó. Y cuando no hay acuerdo en paritarias, el Gobierno termina imponiendo por decreto, algo que Chapitel calificó como una «práctica desleal» de la patronal.
Pero el dato más duro lo pone el mercado inmobiliario. Chapitel explicó que una casa de dos habitaciones en Concordia está en $ 700.000, prácticamente lo mismo que el sueldo de un docente inicial hasta el mes pasado: $ 750.000. Imposible destinar el sueldo completo a un alquiler. La única salida es apuntar a un monoambiente o departamento de una habitación, valuados entre $ 400.000 y $ 500.000. La mitad o más del ingreso mensual, de arranque.
Fimpel, en referencia a Paraná, confirmó que un alquiler “razonable” ya representa la mitad del salario o más, y que un departamento de dos dormitorios supera los $ 700.000. La consecuencia es concreta y cotidiana: en la seccional Concordia reciben noticias a diario de afiliados que debieron volver a vivir con familiares porque el alquiler se volvió insostenible. Y quienes quieren mudarse enfrentan otro obstáculo: las inmobiliarias exigen el 5% del valor del contrato como gasto de gestión, lo que equivale a casi pagar dos alquileres juntos el primer mes.
“Hay muchos docentes que alquilamos y que casi todo el sueldo se nos va en eso”, admitió Chapitel. Lo que sobra no alcanza para los gastos básicos, y ahí aparece otro síntoma preocupante: la tarjeta de crédito como herramienta para comprar comida. No para un electrodoméstico ni un viaje, sino para sostener la canasta básica del mes. Fimpel lo subrayó sin rodeos: los docentes están endeudados para afrontar un gasto tan elemental como alimentarse.
El octavo paro del año no es una cifra menor. Es la medida de un conflicto que el Gobierno provincial no logró resolver en meses, mientras los salarios pierden terreno frente a una inflación que los gremios denuncian que nadie quiere reconocer en la mesa de negociación.
