Un paso concreto en materia de salud mental dentro de la fuerza. La Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos provincial ampliaron un convenio que venía funcionando y que ahora llega más lejos: más profesionales disponibles, más beneficiarios y acceso a atención psicológica con descuento para quienes cargan con una de las profesiones más exigentes del sistema.
El dato que más llama la atención es la extensión del beneficio a los efectivos retirados. Hasta ahora, el convenio cubría al personal en actividad. Que se haya incorporado a quienes ya dejaron el servicio activo habla de un reconocimiento tardío pero bienvenido: el desgaste no termina cuando se entrega el arma y la credencial.
La decisión también responde a algo que no se puede ignorar: la demanda de atención psicológica dentro de la fuerza viene creciendo. No es un dato menor. El personal policial enfrenta situaciones de violencia, muerte, presión institucional y exposición permanente al riesgo. Que ese peso se acumule sin contención profesional tiene consecuencias que la institución ya no puede darse el lujo de ignorar.
El convenio contempla un mayor número de profesionales para absorber esa demanda creciente, lo que sugiere que no se trata de un gesto simbólico sino de una apuesta con cierta escala. La articulación con el Colegio de Psicólogos garantiza, al menos en teoría, estándares profesionales y una red más amplia de cobertura territorial en la provincia.
Queda por ver cómo se implementa en los departamentos del interior, donde la oferta de profesionales suele ser más escasa y donde muchos efectivos trabajan en condiciones de mayor aislamiento. La salud mental policial es una deuda histórica del Estado con su propia fuerza de seguridad, y este convenio es un avance que merece seguimiento.
