Dos provincias, un ecosistema. Entre Ríos y Santa Fe dieron un paso concreto hacia la protección conjunta de sus áreas naturales protegidas, en una iniciativa que apunta a coordinar esfuerzos donde los límites administrativos no coinciden con los límites de la naturaleza.
El acuerdo establece profundizar el intercambio técnico entre ambas jurisdicciones y avanzar en la planificación de un espacio de conservación bi-provincial. La idea es simple pero no trivial: los ecosistemas no entienden de fronteras provinciales, y hasta ahora cada administración manejaba su porción sin demasiada coordinación con la vecina.
La iniciativa pone sobre la mesa una realidad que los especialistas en conservación vienen señalando hace tiempo: los ecosistemas compartidos —humedales, montes ribereños, corredores de fauna— necesitan una mirada integral que trascienda la lógica de cada provincia por separado. Cuando un área protegida termina en un límite jurisdiccional pero el hábitat continúa del otro lado, la protección queda a medias.
El trabajo conjunto entre Entre Ríos y Santa Fe en este plano no es menor. Ambas provincias comparten una extensa franja de territorio con alta biodiversidad, vinculada al sistema de humedales del Paraná y sus afluentes, uno de los más importantes de América del Sur. Cualquier política de conservación que ignore esa continuidad territorial tiene un techo bajo.
El acuerdo, en su etapa actual, se centra en el intercambio técnico y en la planificación conjunta. La concreción de un espacio formal de conservación bi-provincial requerirá más pasos, más voluntad política sostenida y, probablemente, recursos específicos. Pero el punto de partida existe, y eso ya es algo en un país donde los acuerdos interjurisdiccionales en materia ambiental suelen quedarse en las buenas intenciones.
