El mediático abogado Fernando Burlando confirmó que apelarán a la Corte Suprema de Justicia la condena por corrupción de Sergio Urribarri y denunciarán al procurador general Jorge Amilcar García. En este punto en particular mencionó dos caminos posibles: el juicio político a través de la Legislatura provincial o un jury de enjuiciamiento por mal desempeño de la función pública.
Las declaraciones del recientemente nombrado defensor del exgobernador se hicieron en una conferencia de prensa, realizada este martes en un hotel del parque Urquiza de Paraná, en la que también estuvieron presentes los abogados Javier Ignacio Baños y Leopoldo Cappa.
Por otra parte, Burlando denunció “un entramado judicial periodístico perpetrado en contra de Sergio Urribarri”.
Respecto a las irregularidades en el proceso denunciadas, Burlando dijo que en transcurso de esta semana y la próxima “se presentará el juicio político, al algún jury y alguna denuncia”. “El tema es que conociendo cómo se manejan los fiscales en casos de corrupción no nos da mucha seguridad hacer una denuncia en Paraná”, deslizó.
Por otra parte afirmó: “Una fiscal, al momento de acusar, dijo que no tenía pruebas y dijo que los que sabían no hablaban. Esa es la contundencia de la no necesario de presentar pruebas. Las que se presentaron los defensores de Urribarri ni siquiera fueron atendidas. Esa frase de la fiscal, que ni siquiera pidió el falso testimonio para ningún testigo, en la investigación es una frase reveladora. Otra mentira, otra arbitrariedad en esa investigación que arribó a una condena -que aún no está firme- a ocho años de prisión”.
Manejos discrecionales e irregularidades
A su turno el doctor Javier Baños abundó en las denuncias centradas en el manejo discrecional de la Justicia realizada por la Procuración. “Se ha concentrado en una sola Fiscalía, en una supuesta Fiscalía Anticorrupción, una enorme cantidad de poder que, insisto, no es legítimo concentrar en un Estado democrático de derecho. No es posible tolerar institucionalmente que todas las causas más sensibles de una provincia sean (entre comillas) investigadas por dos únicos operadores. Más allá de las excelentes cualidades personales que pudieran detentar los funcionarios del Ministerio Público, es una realidad que la concentración del poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Asimismo expresó que “los supuestos fiscales anticorrupción fueron elegidos discrecionalmente por la Procuración General y que Urribarri ha sido condenado por el cuñado de la Juez de Casación, una de las juezas es pareja del señor Procurador, la otra jueza está casada con su enemigo público, y la tercera jueza, como dije, es la cuñada del juez que dicta la condena en primera instancia. En tanto, la fiscal que acusó a Urribarri ha sido desplazada por graves irregularidades”.
“Al terminar el juicio, otra de las fiscales que acusó a Urribarri dijo públicamente que trabajó sin pruebas, sin testigos y sin documentos. Lo repito, acusó sin pruebas, sin testigos y sin documentos. Se violaron la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, el Código de Procedimiento y una multiplicidad de leyes nacionales y provinciales. Entre éstas se han vulnerado los artículos 209 al 213 de la Constitución de la Provincia; la Ley Provincial 5.140; la Ley Provincial 69.063; la Ley Provincial 9.981. Se decidió no aplicar en el fallo la Ley 10.327, ni la Ley 11.043, ni la Ley Nacional 19.550, desconociéndose la ley 24.059, entre otras”, puntualizó.
Diario UNO
