La resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que el miércoles 17 resolvió, en fallo dividido, rechazar por inadmisibles los recursos de Queja de las defensas de los condenados en la causa que investigó al exgobernador, Sergio Urribarri, exministros, funcionarios y particulares vinculados con aquella gestión, dejó sin posibilidad de articular el recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, al exministro Pedro Báez, que fue condenado a seis años de prisión como autor de los cinco hechos.
El defensor del exministro condenado, solicitó formalmente que “se tenga por presentado este recurso de reposición extraordinaria y finalmente se tenga por presentada la queja extraordinaria en defensa de mi pupilo Pedro Báez, como así también, la reserva del caso federal”.
La Sala, en el punto seis de una resolución de 66 páginas, resolvió: “La situación de Pedro Báez. Conforme surge del texto de los recursos, el defensor (Ignacio) Díaz, de Báez que aún mantiene tal carácter el doctor (José) Velázquez, otrora designado defensor, renunció expresamente en fecha 21 de marzo de 2019, lo que proveyó el juez de garantías en fecha (22 de marzo de 2019), sólo tomó intervención en esta causa para interponer recurso de queja en representación de Germán Buffa. El informe actuarial de fecha 6 de setiembre de 2023 en el expediente 5379 no refiere a presentación alguna del doctor Díaz. Por tanto, respecto a Pedro Báez, la sentencia dictada por la Cámara de Casación ha quedado firme, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 492 del Código Procesal Penal”.
En esa situación, comenzaron a especular cuándo serían derivados a la cárcel los condenados con sentencia firme. La defensa de Báez interpuso un recurso de reposición extraordinaria ante la resolución de la Sala Penal. Díaz solicitó que “se tenga por presentada la queja extraordinaria en defensa de mi pupilo Pedro Báez”, y dijo: “al revisar el escrito de queja extraordinaria presentada, es una costumbre presentar los escritos recursivos en forma conjunta”.
Añadió que “debería haberse sobreentendido al ver mi sello al final del escrito y mi correo electrónico. Es por esta razón, que entiendo que se trata de un exceso de rigor formal en perjuicio del derecho de defensa y debido proceso”.
Diario UNO
