La audiencia pública que se realizará esta semana para presentar la Canasta Básica Energética (CBE) y los nuevos criterios de subsidios en tarifas para usuarios de menores ingresos de los servicios de gas y electricidad buscará plantear la superposición e incongruencia de beneficios que, aseguran desde el Gobierno, hicieron inequitativo e ineficiente el gasto público durante años.
La instancia de participación se realizará este jueves, desde las 10, para la redeterminación de la estructura de subsidios vigentes a fin de determinar el acceso al consumo básico y esencial de luz y gas natural incluyendo los beneficiarios del Programa Hogar, para la garrafa de GLP.
El nuevo esquema propuesto adoptará criterios de exclusión en los casos en que algunos de los integrantes del hogar posea una aeronave, una embarcación, al menos dos propiedades inmuebles y si la antigüedad del automotor es menor a cinco años.
Entre los hogares que no hayan sido excluidos por este primer filtro, el acceso al subsidio se definirá al comparar los ingresos declarados por los miembros de un mismo hogar, registrados en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS),.
Esta información se cruzará con el segundo criterio de selección, que es la Canasta Básica Energética y que indicará los consumos mínimos necesarios para la subsistencia de diferentes grupos familiares, en diversas regiones, meses del año y tipos de suministro. Con este esquema, la Secretaría de Energía busca resolver “las incongruencias que resultan de la acumulación de los esquemas” de subsidios vigentes que coexisten y se acumulan en una misma factura.
De acuerdo con el Ente Nacional Regulador del gas (Enargas), la superposición de subsidios y la autorización de consumos bonificados sin límite, han ocasionado consumos excesivos, mientras que los precios “no reflejan los costos económicos de producir, transportar y distribuir la energía”.
“El sector no se autofinancia y requiere de aportes del Tesoro Nacional para mantenerse”, se explicó.
Como ejemplo, se destaca que un usuario que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica puede estar recibiendo hasta tres beneficios de manera simultánea: la bonificación por Tarifa Social, el cuadro tarifario correspondiente a ingresos bajos (N2 del RASE) y, si se encuentra en alguna de las localidades alcanzadas por la Ley de Zona Fría, cuadros tarifarios equivalentes al 50% del costo pleno.
En cuanto a los criterios de inclusión de la Tarifa Social o del Régimen de Zona Fría, entendieron que la condición de tener un Certificado Único de Discapacidad (CUD) o una Pensión como Veterano de Guerra “no denotan por sí solas la necesidad de ayuda económica”. En estos casos esas situaciones se incluirán dentro del análisis de la realidad del hogar.
El estudio del Gobierno también cuestiona la utilización de diferentes parámetros sobre ingresos, como el Salario Mínimo Vital y Móvil para Tarifa Social y el Registro Único Especial de Zona Fría, y la Canasta Básica Total para el RASE. Mientras que la Canasta Básica Total incluye bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación, salud,el SMVM registra únicamente ingresos, sin tener en cuenta otros gastos que se realizan en el hogar.
Por otro lado, se considera que la segmentación de consumidores en ingresos altos, ingresos bajos e ingresos medios no estableció ningún tope al consumo de energía subsidiada para el sector de ingresos bajos.
Adicionalmente, se plantea que el esquema actual “no resulta sostenible en el tiempo”, porque fija límites a los ajustes de tarifas “sistemáticamente inferiores al resto de los precios de la economía”. Esto provoca una “espiral descendente en los precios” con un monto de subsidios siempre creciente a financiar por el Tesoro Nacional.
Finalmente, se alerta que la aplicación de criterios de inclusión automáticos, como inclusiones masivas de barrios enteros y la duplicación de beneficios por el mismo servicio “multiplicó destinatarios que no necesariamente lo necesitan o lo han requerido”.
La superposición de programas y subsidios, para la Secretaría, “confunde tanto a las autoridades de aplicación como a los usuarios, quienes desconocen el verdadero valor de los servicios y de los subsidios percibidos”, concluye el informe del Ente Regulador previo a la audiencia pública que fijará los nuevos criterios el jueves.
Fuente: UNO Entre Ríos.
