viernes, marzo 29, 2024
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La cuestión de la energía eléctrica marca un 2023 importante para la política

La cuestión energética marcará a lo largo de 2023 el pulso de la discusión y de la gestión política de la dirigencia del país con cargos ejecutivos y legislativos tanto como la vida cotidiana de los usuarios, cuyos gastos en consumos de luz y gas dependen de las decisiones de esas autoridades. De hecho, el tema ya viene signando la agenda política, en especial en Entre Ríos donde recientemente el gobernador Gustavo Bordet decidió eliminar el componente impositivo provincial de la tarifa eléctrica en Entre Ríos, señalada desde hace años por el arco opositor como una de las facturas más encarecidas por tributos de todo el país.

Los habitantes de la provincia se vieron sacudidos a comienzos de año por unos incrementos en sus tarifas eléctricas que nadie esperaba, y eso que la quita de subsidios nacionales, junto con la posibilidad de continuar recibiéndolos si uno completaba el formulario del gobierno nacional, estuvo harto difundida durante mucho tiempo desde el año pasado. Pero la eliminación de esa asistencia estatal a alrededor de la mitad de los hogares entrerrianos, sumada a una suba en los costos de distribución de la electricidad en la provincia por parte de la Empresa de Energía de Entre Ríos S.A. (Enersa) y las distintas cooperativas, acumularon un nivel de aumento que afectó fuertemente en bolsillo de decenas de miles de familias, así como de industrias y comercios de distintas escalas.

El disgusto con los montos que figuraban en las boletas de la luz iba creciendo y era tal que el gobierno provincial debió suspender otro aumento más que estaba previsto a partir de febrero. El 31 de enero el Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE) resolvió “suspender transitoria y excepcionalmente el traslado a los usuarios finales del servicio público económico eléctrico provincial la implementación del cuadro tarifario previsto”. La suspensión respecta al factor que depende de la Provincia y no de la Nación o los municipios, que es el Valor Agregado de Distribución (VAD), cuyo precio se sostendrá, en principio, hasta el 30 de abril.

El cargo provincial que eliminó el gobernador alivia alrededor del 13% de la tarifa en los consumos de entre 151 y 400 kilowatts hora (kWh) por mes y el 18% en aquellos superiores a 400 kWh, precisaron especialistas en facturación eléctrica. Hasta ahora, esa recaudación se destinaba al Fondo de Desarrollo Energético (FDEER) con el que el Ejecutivo provincial solventaba obras eléctricas y gasíferas, y que ahora se financiarán con el Tesoro.

En ese sentido, Bordet delegó en el senador nacional Edgardo Kueider la tarea de transmitir al gobierno nacional el malestar del gobierno entrerriano en relación al tema energético primero amenazando con no apoyar el Presupuesto 2023 y luego con la presentación del proyecto de “Ley de Tarifas” que pretende reducir las escandalosas desigualdades y asimetrías entre lo que pagan por la energía los usuarios que viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Capital Federal y Conurbano) y lo que abona el resto de los argentinos.

Kueider explicó que si se aprueba la ley Cammesa, la compañía que administra el mercado mayorista de electricidad, pagaría más la energía que le compra a la represa de Salto Grande, lo cual aumentaría los excedentes y las regalías que recibe Entre Ríos. “El proyecto prevé que ese aumento de recursos vaya directamente a reducción de tarifa eléctrica”, aclaró el legislador.

Las provincias que tienen represas en sus territorios reciben regalías provenientes del precio al que Cammesa vende su energía a las distribuidoras. Esa compensación es actualmente del 12% y el proyecto de Kueider la sube al 20%. También dispone que ese incremento se use para abaratar la tarifa eléctrica de los usuarios de Entre Ríos.

Fuente: UNO Entre Ríos.

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