La frase no cayó como una opinión más: cayó como una amenaza. «¿Qué quiere, que le prendan fuego la casa esta mina?», dijo Juan Manuel Hernández durante El Fortín. Y la Liga de Intendentes Justicialistas la tomó como lo que es: una incitación a la violencia.
El comentario se produjo el 17 de noviembre, en plena discusión por el transporte público de pasajeros en Paraná. A la transmisión también llegó Aníbal Steren, secretario provincial de Transporte. El espacio lo conduce Hernández junto a Maximiliano Rodríguez Paulín, concejal paranaense vinculado a La Libertad Avanza.
Después, el fragmento fue replicado en las redes sociales del propio espacio. Allí, la frase dejó de ser un comentario aislado y se volvió un problema público. No podés opinar con dureza y ponerle fuego a una casa en el mismo debate.
La Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos salió a repudiar la expresión. En su comunicado, consideró que no se trata de crítica política legítima, sino de una incitación a la violencia contra una persona y su entorno familiar.
El documento pone el dedo en la llaga: un representante elegido por el voto popular tiene el deber de dar el ejemplo en el respeto a las instituciones. También advierte sobre la responsabilidad institucional de quienes conducen espacios de comunicación pública. En democracia, la palabra pesa, y más cuando sale de alguien que ya ocupa un lugar visible.
La Liga expresó su solidaridad con Rosario Romero y su familia. Además, respaldó la decisión del municipio de recurrir a la Justicia para que se investigue lo sucedido. Ese respaldo llega en un momento en que la discusión por el transporte público sigue caliente en Paraná.
El comunicado subraya que este tipo de agresiones adquiere una dimensión particular de violencia política por razones de género cuando se dirige contra mujeres que ejercen responsabilidades públicas. En Paraná, esa lectura se sumó a los cuestionamientos que ya circulaban después de la difusión. No es una discusión menor: el lenguaje no es inocente cuando apunta a una funcionaria.
La Municipalidad presentó una denuncia penal para que se investiguen las posibles responsabilidades de los participantes y la difusión posterior del contenido en las redes sociales del programa. Hasta el momento, no consta una respuesta pública de Hernández. La investigación será la que defina si hubo responsabilidad legal, no la bronca de la tribuna.
Finalmente, los intendentes justicialistas convocaron a la dirigencia política, los medios de comunicación y la ciudadanía entrerriana a preservar la convivencia democrática. «Podemos discutir con firmeza, pero siempre dentro de los márgenes del respeto y la ley», concluyeron.


