La creciente dejó marcas que no se borran con un decreto, pero al menos ahora hay un alivio fiscal que llega a los productores de Entre Ríos. El Gobierno nacional reconoció la emergencia agropecuaria en islas y anegadizos de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.
La medida se conoció este jueves y tiene fecha de nacimiento: rige desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de julio de 2027. No es un parche de campaña: es un reconocimiento formal a la situación que ya estaba golpeando al campo, a la ganadería y a la apicultura.
El dato fuerte es que los beneficios fiscales nacionales se van a sumar a los ya previstos en el Decreto N° 3692, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio junto a los ministros Guillermo Bernaudo y Fabián Boleas. Ahí aparece la lógica de un Estado que, al menos en este tramo, no deja solo al productor.
La declaración no cayó del cielo. Se gestó en la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, donde Bernaudo expuso la situación de Entre Ríos por el fenómeno El Niño. Lo hizo con su secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho, y el coordinador de Políticas Agropecuarias, José Carlos Basaldúa.
Hay un detalle que pesa: las ventas forzosas de hacienda, esas liquidaciones que el productor hizo por la necesidad de salir del agua, no van a estar alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias. Es una diferencia entre pagar por una decisión comercial y pagar por una decisión que la creciente le arrancó.
¿Y qué significa en la práctica? Que el productor de islas y anegadizos va a contar con un marco de beneficios fiscales que alivia la carga impositiva mientras intenta recomponer el capital. No resuelve el agua, no vuelve el río a su cauce, pero le da aire a una actividad que ya estaba golpeada.
La lectura política también está: el gobierno provincial se movió, el nacional respondió, y el productor quedó en el centro de una gestión que no se puede dejar en el silencio. Cuando el campo pide ayuda, la respuesta no puede ser un gesto: tiene que ser un instrumento que le permita seguir produciendo.
El plazo también importa: la emergencia no es un botón que se apaga. Va a acompañar al sector desde agosto de 2026 hasta julio de 2027, en un contexto donde el agua vuelve a ser el termómetro de la producción. Para el productor, la diferencia está en poder planear con reglas claras, no con la angustia de que el fisco le cobre por lo que el río le arrebató.


