El expediente concursal de Los Grobo Agropecuaria dio un paso decisivo: la compañía presentó ante la Justicia su propuesta de pago a los acreedores, con tres alternativas que contemplan quitas de hasta el 85% y plazos de cancelación que pueden extenderse durante 15 años.
La presentación se concretó el 17 de noviembre ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°12, Secretaría N°23, donde tramita el expediente. El documento también fue comunicado a la Comisión Nacional de Valores y busca dar forma a una reestructuración que permita superar el concurso preventivo iniciado a comienzos de 2025.
El movimiento llega pocos días después de que Los Grobo alcanzara un acuerdo con el gigante brasileño Amaggi para cederle la operación de 15 plantas de acopio durante dos años. Ese entendimiento contempla ingresos por casi 9,6 millones de dólares, además de componentes variables, y todavía requiere autorización judicial, pero le da una perspectiva de caja para sostener la actividad y encarar la negociación.
La propuesta está dirigida a los acreedores quirografarios, es decir, a los que no cuentan con privilegios especiales de cobro. Cada uno podrá elegir una alternativa o distribuir su crédito entre varias opciones, aunque la compañía estableció límites para los planes que ofrecen mayores porcentajes de recuperación.
La primera opción es la más dura: un pago único del 15% de la deuda reconocida, con una quita del 85%. El dinero se abonaría dentro de los 30 días hábiles posteriores a que quede firme la homologación judicial. Es la alternativa que permite recuperar una parte del crédito en el menor plazo.
La segunda opción ofrece recuperar el 35% del crédito, con una quita del 65%, mediante cuatro cuotas anuales y crecientes. El esquema prevé dos años de gracia desde la homologación firme y pagos escalonados del 10%, 20%, 30% y 40% del monto comprometido. Tiene un límite conjunto de u$s25 millones en créditos concursales.
La tercera alternativa es la más larga: pago del 100% del capital reconocido, con un período de gracia de cuatro años y 12 cuotas anuales. La primera se abonaría al cumplirse el cuarto aniversario de la homologación firme y el último vencimiento llegaría 15 años después. Además, reconoce un interés del 1% anual sobre el saldo de capital, pagadero semestralmente, con un tope de u$s20 millones en créditos asignables.
En esta última opción, los pagos se distribuyen de manera progresiva: durante las primeras cinco cuotas se devolvería el 10% del crédito, mientras que el 42,5% se cancelaría en los dos últimos vencimientos. Ese diseño concentra la mayor proporción del capital en los últimos años del plan.
Uno de los puntos relevantes del escrito es que los acreedores que no elijan ninguna alternativa quedarán automáticamente incorporados al esquema de pago del 15%, siempre que el acuerdo obtenga homologación judicial. Eso no significa que la falta de respuesta implique una adhesión a la propuesta. Si las opciones de mediano y largo plazo superan los topes previstos, los créditos excedentes serán redistribuidos entre las demás alternativas según el mecanismo establecido.
La propuesta está formulada en dólares, y la compañía busca aprovechar el nuevo escenario operativo para reunir las adhesiones necesarias antes del vencimiento del período de exclusividad, previsto para febrero de 2027. La homologación judicial será el paso fundamental para dejar atrás el proceso de reestructuración y convertir el plan en una salida concreta del concurso.
El dato no es menor: una agropecuaria que arrastra un concurso preventivo desde 2025 no puede negociar con los acreedores si no tiene caja. La operación con Amaggi le da oxígeno, pero no resuelve sola el problema: la clave estará en cuántos acreedores acepten un plan que, en el peor escenario, deja afuera la mayor parte del crédito.


