La ley de biocombustibles volvió a meterse en la mesa de la producción nacional, y ahora CAME pidió que Diputados la apruebe. El proyecto ya tiene media sanción del Senado.
Para CAME, la sanción definitiva es una oportunidad estratégica para atraer inversiones y abrirle lugar a las pymes agroindustriales. La entidad sostiene que los biocombustibles sirven para agregar valor a la producción primaria.
Desde la entidad entienden que la norma puede diversificar las economías regionales y potenciar la agroindustria en las provincias. También destacan que el impulso permite articular a productores, industrias y pymes.
CAME destaca que Argentina tiene potencial productivo en materias primas que pueden volverse insumos estratégicos para los biocombustibles. Por eso, considera que un marco normativo con previsibilidad y reglas claras es indispensable para generar mayor valor agregado en origen.
La entidad también señala que el sector contribuye a diversificar la matriz energética y a la transición hacia energías más limpias. En ese marco, CAME plantea que la industria puede generar empleo federal y oportunidades para las economías regionales.
Para las pymes agroindustriales, el crecimiento del sector significa ampliar mercados, incorporar tecnología y mejorar la competitividad. También implica consolidar entramados productivos locales y sumar actividad económica.
CAME destaca el diálogo y los consensos entre actores de la cadena, provincias y sectores industriales. La entidad pide que ese trabajo se traduzca en una herramienta legislativa que acompañe el desarrollo productivo nacional.
Pero no todo era aplauso en la provincia: semanas atrás, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos había apoyado a las empresas productoras de biodiésel y advertido sobre el impacto del proyecto. La institución analizó el texto y consultó a las empresas elaboradoras radicadas en Entre Ríos.
La BolsaCER compartía el objetivo de incrementar el corte de biodiésel y ampliar la demanda de aceite de soja. Sin embargo, consideró que el diseño aprobado no garantiza condiciones equitativas para las empresas regionales y podría reducir su participación.
Según su análisis, el artículo 38 bajaría la participación de las empresas no integradas del 7,5% actual al 4% en 2031. El segmento de libre negociación alcanzaría el 6%.
En volumen, el segmento de las pymes pasaría de 902.700 a 481.440 toneladas anuales. Eso representa una disminución del 47%.
A esa situación, la BolsaCER sumó una desventaja logística que también pesa sobre las plantas regionales. El reclamo provincial apunta a que la ley no termine achicando el empleo ni el agregado de valor en origen.
La discusión no es solo un número en el Congreso: es la posibilidad de que la provincia siga transformando su materia prima en industria, trabajo y mercado. Ahí está el punto: aprobar la ley sin mirar el impacto regional puede convertir una oportunidad productiva en un problema para las economías locales.


