La Justicia entrerriana le puso un freno al intento de un jubilado del ex Banco de Entre Ríos de tumbar por la vía del amparo la reforma previsional que cambió la movilidad de los haberes. La Ley 11.302 ya estaba en marcha y la sentencia, del 12 de noviembre, no la declaró inconstitucional: la dejó en pie y mandó a buscar otra puerta judicial para discutir el fondo.
El juez Juan Francisco Malvasio declaró inadmisible la presentación contra el Estado provincial y la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y dejó las costas a cargo del demandante. No fue un veredicto sobre la constitucionalidad de la norma: fue una decisión de procedimiento que cierra esta vía exprés y abre la discusión hacia un proceso más amplio.
El reclamo buscaba volver al viejo mecanismo de movilidad, que ataba los aumentos jubilatorios a los salarios del sector bancario. El nuevo sistema, en cambio, toma como referencia al escalafón con mayor cantidad de aportantes del Estado provincial. Ahí está el corazón del choque: no se discute solo un porcentaje, sino la vara con la que se miden los haberes del conjunto de los beneficiarios.
El dato que pesa en la causa es simple y cortante: hasta el 22 de agosto, fecha de entrada en vigencia de la reforma, el beneficiario había percibido todos los incrementos bancarios correspondientes. En septiembre, primer mes del nuevo mecanismo, el aumento otorgado fue del 3,5 por ciento, mientras que el incremento salarial bancario fue del 1,9 por ciento. Es decir, el jubilado recibió una actualización 1,6 puntos porcentuales superior a la que le habría correspondido por el régimen anterior.
La Caja de Jubilaciones y la Fiscalía de Estado defendieron la legalidad de la reforma y sostuvieron que el planteo de inconstitucionalidad debía tramitarse por los procedimientos judiciales específicos. La Fiscalía además expuso la situación financiera del sistema previsional provincial, su déficit estructural y la necesidad de preservar su sustentabilidad, con el carácter solidario del régimen y los derechos del conjunto de los beneficiarios.
El magistrado coincidió con el dictamen del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que la controversia requiere un debate y una producción de pruebas más amplios que los permitidos por una acción de amparo. Por eso concluyó que existen otras vías judiciales más adecuadas para discutir la cuestión y, en consecuencia, rechazó la presentación.
Acá queda claro el camino: la reforma no fue declarada inconstitucional, el amparo quedó cerrado y la pelea por la movilidad jubilatoria se muda a un terreno judicial más largo, más técnico y menos apto para los atajos.
