Una escuela rural cercana a Santa Elena lanzó una rifa solidaria para comprar cámaras de seguridad. La medida llega después de que la escuela sufrió robos y destrozos. La iniciativa busca sumar recursos para reforzar la protección.
El dato concreto es claro: cada número cuesta $10.000 y habrá dos premios. No se trata de un gasto menor, pero tampoco de una solución mágica. Es una respuesta ante una situación que excede lo material.
Cuando una escuela tiene que rifar para comprar cámaras, algo está mal. No debería ser normal que una institución educativa deba juntar plata para protegerse de la violencia. El problema no es el equipo: es la vulnerabilidad que lo hace necesario.
Los robos y los destrozos dejan marca. No solo en lo material, sino en el ánimo de quienes trabajan y estudian allí. Una escuela rural no es un edificio cualquiera: es un punto de encuentro que a veces no tiene muchas alternativas.
Las cámaras de seguridad pueden servir para disuadir, para registrar y para aportar información cuando algo ocurre. Pero también quedan dudas: ¿qué se va a monitorear, quién va a revisar las imágenes y con qué recursos? Sin una política seria, el aparato puede convertirse en un símbolo incompleto.
La rifa es un gesto. Es una forma de decir que no se queda de brazos cruzados. Pero también es una señal de que el Estado llega tarde, llega incompleto o llega con la bronca ya instalada. La seguridad no puede depender de la solidaridad.
En una escuela rural, la distancia pesa. ¿Cuánta presencia estatal llega de verdad? Por eso, cuando aparece un robo violento, la sensación de impunidad se instala rápido. Y cuando aparece una rifa, la institución dice presente.
El valor de $10.000 por número no es un detalle menor. Es una decisión que toma cada persona que decide colaborar. Y la existencia de dos premios busca darle movimiento a una causa que no admite demora. Cada venta suma, pero también cada falta de respuesta resta.
La escuela rural cercana a Santa Elena no pide solo cámaras: pide que la violencia no se vuelva rutina. La rifa es un camino, no el final. Lo que queda por ver es si la institución logra juntar los recursos y si el problema de fondo deja de ser una excusa para el silencio.
