En Asunción, Paraguay, la crisis política llegó a su punto más áspero: el presidente Santiago Peña pidió una prórroga de 72 horas para defenderse en el juicio político, y el presidente del Congreso rechazó el pedido.
El mandatario había presentado su renuncia el jueves al mediodía, pero el Senado decidió no aceptarla porque, según el argumento oficial, le otorgaría un fuero como senador vitalicio y podría obstruir las investigaciones penales en curso. La sesión bicameral que debía tratar su salida fracasó por falta de quorum.
Peña escribió en X que se presentaría y ejercería su derecho a la defensa. Aseguró que lo notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y que pretenden que responda en menos de 12 horas. “Eso no es debido proceso”, sostuvo.
El pedido de prórroga fue dirigido al presidente del Congreso, Basilio Núñez. En la nota, Peña sostuvo que un plazo inferior a 12 horas resulta insuficiente para elegir un abogado de confianza y garantizar los estándares de un Estado de derecho. La Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad la acusación para someterlo a destitución.
El detonante fue el cierre de Ueno Bank, entidad en la que casi tres millones de ahorristas tienen sus fondos congelados. El banco nació como una pequeña casa de crédito en el Mercado 4 de Asunción y se convirtió en una entidad de alcance nacional durante la gestión de Peña, quien era accionista del Grupo Vázquez, propietario de la entidad.
El periodista Gustavo Recalde advirtió que la institución absorbió al banco Visión, se consolidó como la entidad de los sectores informales y recibió cerca de USD 1.000 millones en fondos públicos. Recalde señaló que el vaciamiento se produjo a través de créditos imposibles de recuperar: una empresa que facturaba USD 10.000 mensuales recibió USD 40 millones, y la nuera del presidente obtuvo USD 2,5 millones para abrir una boutique.
La palabra corralito empezó a circular con fuerza en Paraguay porque la población comenzó a retirar ahorros de cooperativas y otros bancos por temor a un efecto contagio. El dato no es menor: el país ya vivió el colapso de cinco bancos en 1995 y otro caso aislado en 2003, pero ninguno con la escala ni los vínculos con el poder político que tiene este caso.
Mientras la incertidumbre política podría prolongarse al menos hasta el lunes, miles de manifestantes se concentraron por tercera noche consecutiva en las afueras del Congreso para exigir la devolución de sus depósitos y el avance del proceso contra el mandatario. En paralelo, la Presidencia aceptó la renuncia de Enrique Riera como ministro del Interior y designó de forma interina al actual viceministro de Seguridad Interna, Carlos Humberto Benítez González.
