La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos reclamó al Servicio Penitenciario provincial que derogue la circular de la pandemia que sigue limitando las visitas de familiares y allegados a personas privadas de libertad. El pedido es directo: aplicar el régimen de visitas que fija la Ley de Ejecución Penal.
El planteo salió de una reunión realizada el miércoles, en la que los vocales Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak recibieron a autoridades del Gobierno y del Servicio Penitenciario. El foco fue revisar las condiciones de alojamiento en las unidades penales de la provincia.
Desde el Servicio Penitenciario defendieron las restricciones: explicaron que una ampliación fuerte del número de visitantes complicaría el control, la identificación y la verificación de los vínculos familiares. La Sala Penal, en cambio, pidió dejar sin efecto la circular y garantizar las visitas conforme a la legislación vigente.
En el mismo encuentro también se consultó por la alimentación de las personas detenidas. Las autoridades penitenciarias informaron que cada unidad tiene un presupuesto para comprar insumos a proveedores locales, con los que se arma un menú semanal. Aseguraron que se contemplan dietas especiales por razones de salud y que la alimentación es supervisada por el área de Sanidad.
Sobre el contacto familiar, el organismo dijo que el área de Servicio Social realiza entrevistas periódicas y que se gestionan traslados hacia unidades cercanas a los domicilios de los allegados cuando las circunstancias lo permiten. También mencionó la posibilidad de realizar videollamadas, aunque aclaró que no tiene responsabilidad sobre el traslado de los familiares hasta las cárceles.
Acá el dato no es menor: hoy hay 216 personas bajo supervisión mediante dispositivos distribuidos en 28 localidades entrerrianas. El organismo dispone de 240 equipos, pero 216 están instalados y en funcionamiento.
De los 24 equipos restantes, 16 están en reparación y apenas ocho disponibles para reemplazos y contingencias. En números simples, el sistema opera prácticamente al límite de su capacidad de incorporación.
La distribución de los supervisados se divide en tres modalidades: 39 procesados con arresto domiciliario mediante dispositivos C/E4; 153 condenados con arresto domiciliario controlado por GPS; y 24 personas alojadas en unidades penales con salidas laborales o familiares autorizadas. La mayor parte, entonces, está en arresto domiciliario.
La mayor concentración está en Paraná, con 85 personas monitoreadas; luego viene Concordia, con 60; después Concepción del Uruguay, con 17; y Gualeguaychú, con 10. Es la principal concentración del sistema.
El Centro de Monitoreo Electrónico cuenta con 12 funcionarios destinados a tareas de supervisión y cinco técnicos. El servicio funciona las 24 horas, los 365 días del año, mediante guardias rotativas.
El sistema informático recibe aproximadamente 6.000 eventos diarios. De ese total, entre 400 y 500 requieren atención, evaluación o intervención de los operadores. Las tareas incluyen seguimiento de alertas, comunicaciones con las personas supervisadas y sus referentes, verificaciones policiales, control de desplazamientos autorizados, intervenciones ante emergencias médicas y situaciones que podrían comprometer la seguridad de las víctimas, en coordinación con organismos judiciales.
