El alivio fiscal llegó con fecha larga: hasta el 31 de enero de 2028. El Gobierno de Entre Ríos declaró emergencia y/o desastre agropecuario para ganaderos y apicultores de islas y anegadizos. La medida apunta a los productores golpeados por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.
El decreto N.º 3.692 fue firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y los ministros Guillermo Bernaudo y Fabián Boleas. El período declarado va del 1.º de agosto de 2026 al 31 de julio de 2027. Quedan cubiertas explotaciones en La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.
El corazón de la medida es el alivio tributario: la ATER deberá diferir vencimientos de anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural. Se trata de los vencimientos de 2026 y 2027 que operen durante la vigencia de la emergencia. El beneficio no es automático para todos: alcanza a los productores afectados en las zonas declaradas.
También se habilita un plan especial y opcional para cancelar esos anticipos en hasta tres cuotas mensuales consecutivas. No habrá intereses de financiación. La primera cuota vencerá el 10 de marzo de 2028.
Además, se condonarán las multas e intereses generados por pagos fuera de término dentro del período contemplado por la prórroga. El detalle importa: no se trata de una quita general, sino de un alivio para los vencimientos postergados.
Quien sea declarado en situación de desastre agropecuaria quedará eximido del pago de los anticipos inmobiliarios con vencimiento dentro de la emergencia. Pero el beneficio no será necesariamente total: el porcentaje de exención será equivalente al nivel de pérdidas que figure en el certificado de desastre. Ese certificado quedará a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico.
Para acceder a los beneficios, el productor deberá presentar una declaración jurada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El documento tendrá que estar firmado por un profesional matriculado de las ciencias agropecuarias y certificado por una entidad pública o privada representativa del sector. A partir de esa presentación, se confeccionarán los certificados correspondientes.
La decisión se tomó tras una evaluación de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario. Contó con informes del INA, Senasa, Fucofa, Hidráulica y Obras Sanitarias, Producción Animal, INTA y Prefectura Naval Argentina. El dato de fondo es claro: las crecidas dejaron un golpe medible sobre la producción.
En ganadería, los informes identificaron una disminución de la productividad, ventas forzosas de hacienda a precios inferiores y mayores costos de alimentación. También se sumaron gastos por traslado y alquiler de campos para recibir animales, junto con dificultades operativas y sanitarias. La evaluación estimó que la afectación supera el 50% de la capacidad productiva. No es un dato menor: cuando el golpe supera la mitad de la capacidad productiva, la emergencia deja de ser un trámite y pasa a ser una necesidad.
La actividad apícola también sufrió consecuencias directas: pérdidas en apiarios ubicados en humedales, islas y franjas costeras. Además, hubo dificultades para retirar y trasladar colmenas, con daños productivos, sanitarios y económicos.
El Gobierno provincial informó que Guillermo Bernaudo inició gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional para pedir la declaración de emergencia agropecuaria a nivel federal. El objetivo es ampliar las herramientas de asistencia para los productores damnificados. Mientras tanto, la provincia ya tiene un decreto en marcha con plazos claros y un alivio fiscal que llega hasta 2028.
