El agua llegó antes que la calma y el campo entrerriano encontró una respuesta rápida del Estado. La declaración de emergencia agropecuaria para ganadería y apicultura en zonas de islas y anegadizos fue respaldada por los principales gremios del sector. En un contexto de creciente, el respaldo gremial no es menor.
La medida, instrumentada por el decreto Nº 3692, apunta a productores con actividad en islas y anegadizos de la provincia. El fenómeno climático conocido como El Niño dejó una huella pesada sobre el trabajo rural. Para el campo, no se trata de un trámite burocrático, sino de una herramienta concreta para sortear una situación compleja.
Matías Martiarena, director del distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina, destacó que, luego de una intensa gestión, se logró en tiempo récord el decreto. Para el dirigente, la herramienta llega a productores que atraviesan una situación muy delicada, con la posibilidad de uno de los peores fenómenos de El Niño de la historia. El mensaje es claro: el sector productivo necesitaba respuestas inmediatas y las recibió.
Ronald Garnier, dirigente de la Federación Entrerriana de Cooperativas, subrayó la celeridad provincial frente a la situación hídrica. Aseguró que la emergencia está declarada desde el 1° de agosto e incluye a productores que se movieron con anterioridad. Ese detalle importa: no te deja afuera a quienes ya se habían movido.
El dirigente también valoró que se esté dando una evacuación de islas bastante ordenada. Dijo que los productores pueden hacer sus solicitudes de emergencia en tiempo y forma. En una región donde el agua cambia el mapa productivo, la previsibilidad administrativa es una señal de alivio.
Juan Diego Etchevehere, director por Entre Ríos de Sociedad Rural Argentina, consideró acertada y necesaria la declaración frente a la gravedad del daño productivo que provoca la creciente. Señaló que es correcto reconocer no solo las pérdidas directas, sino también mayores costos de traslado, alimentación y arrendamiento de campos, y las ventas forzosas de hacienda. En la práctica, el reconocimiento de esas pérdidas es la diferencia entre sostener el establecimiento y perderlo.
También defendió el diferimiento y las exenciones del inmobiliario rural y subrural como herramientas concretas de alivio. Para el sector, el próximo paso indispensable es la homologación nacional de la emergencia, para hacer efectivos los beneficios previstos por la Ley 26.509. Sin ese aval, muchas de las herramientas impositivas, financieras y crediticias te quedan en el aire.
Sergio Dalcol, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, calificó de excelente la celeridad del gobierno provincial. Indicó que estos fenómenos y sus efectos se lograron prever, a diferencia de un evento de granizo o una sequía, y que el productor pudo anticiparse al ingreso del agua en su establecimiento. Para Dalcol, el acompañamiento del sector público fue necesario para hacer frente a las pérdidas económicas que provocan estos desastres.
Con la emergencia provincial en marcha, el sector productivo espera que la medida se traduzca en soluciones concretas. El objetivo, según el sector, es proteger al productor y sostener la capacidad productiva de Entre Ríos.
