El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, sobrevoló la zona frente a Puerto Ruiz y constató un terraplén que rodea más de 40.000 hectáreas en el sur de Entre Ríos. La obra, según el relevamiento, interrumpe el flujo del arroyo Viraguay y genera perjuicio ambiental y económico sobre más de 100.000 hectáreas en el departamento Gualeguay. Ahí empieza el problema: una estructura que protege un campo puede convertirse en una trampa para los vecinos.
El punto exacto queda próximo a la intersección de los ríos Gualeguay y Paraná Ibicuy. El terraplén encierra una superficie de más de 40.000 hectáreas, propiedad de Estancias del Ibicuy, cuyo referente fue Pedro Pou. La lógica productiva es clara: la obra protege la estancia de las inundaciones, pero el costo lo pagan los campos vecinos.
La ley que rige en Entre Ríos es la Ley N° 9172, que regula el uso, el aprovechamiento y la conservación de las aguas superficiales y subterráneas, además de sus obras hidráulicas. El Corufa es la autoridad de aplicación, con poder de policía para regular, planificar y proteger los recursos hídricos. En este caso, el organismo ya había dejado observaciones formales sobre el terraplén y dispuso realizar cortes para permitir el flujo normal del arroyo.
El detalle que pesa es que esos cortes no se hicieron. Los propietarios, según la constatación oficial, incumplieron sistemáticamente las decisiones del Corufa, en una zona donde la inminencia de inundaciones en la cuenca del Gualeguay vuelve la situación más delicada. No es solo un conflicto de campos: es un tema de agua, de cauce, de responsabilidad y de quién responde cuando el arroyo se enoja.
El Fiscal de Estado constató las irregularidades ligadas a la construcción del terraplén durante el sobrevuelo. El daño no aparece como un detalle menor: el relevamiento lo ubica sobre más de 100.000 hectáreas, con impacto ambiental y económico en el departamento Gualeguay. Cuando el cauce se toca, el efecto no se queda en un solo predio.
La Ley N° 9172 no es un papel decorativo: fija reglas para el uso de las aguas con fines económico-productivos, bajo principios de equidad y racionalidad ambiental. Ese es el marco donde se discute el terraplén: no te alcanza con que la obra sirva a un productor si interrumpe un arroyo que atraviesa la cuenca. El agua, en Entre Ríos, es un recurso compartido y no puede administrarse como si fuera un camino de uso privado.
Ahora, la Provincia intimará a cumplir la Ley de Aguas. El organismo que interviene es el Corufa, y la medida busca asegurar los cortes necesarios para el flujo normal del arroyo Viraguay. La situación queda en el centro del debate por el uso del agua en el sur de Entre Ríos, donde la inminencia de inundaciones vuelve el tema urgente.
