En la instancia de análisis legislativo del proyecto de reforma del Código Procesal Laboral de la provincia, el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos marcó un punto rojo: el tope de honorarios periciales. La discusión no es menor: toca la prueba técnica en los juicios laborales.
El Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos participó del análisis legislativo del proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, para expresar su posición frente a los cambios propuestos en la regulación de los honorarios periciales. La intervención buscó dejar en claro que el tema no es solo un ajuste numérico, sino una señal sobre el futuro de la labor pericial.
En la mesa estuvieron Celso Beltrame, presidente del colegio; Iván Arcusin, presidente de la Comisión de Peritos; y Enrique Martínez, asesor legal. La preocupación central apuntó a un límite máximo de ocho juristas para los honorarios periciales y a la desvinculación de esa regulación con el monto de la sentencia.
Para Celso Beltrame, el trabajo de ingeniería en el ámbito judicial no es un trámite menor, sino una pieza técnica clave en pericias de seguridad e higiene laboral y en los aspectos técnicos de las industrias. “Desde el colegio consideramos fundamental que las modificaciones normativas contemplen la realidad del trabajo pericial, sus exigencias técnicas y los tiempos que demanda la administración de justicia”, sostuvo.
El dirigente fue más allá: “Estamos preocupados por lo que nos transmiten nuestros matriculados. Existe un desánimo generalizado para continuar trabajando en la Justicia, porque sienten que son el eslabón más delicado de la cadena: cobran poco y muy a destiempo respecto del momento en que realizan su trabajo”. Esa frase encierra el malestar de un sector que, según el colegio, está perdiendo valor en el tiempo.
La inflación agrava la situación: los honorarios pierden valor durante los prolongados tiempos que demanda la resolución de las causas. Esa realidad, según el Colegio, lleva a que cada vez más profesionales rechacen las designaciones judiciales, con el riesgo de afectar la disponibilidad de especialistas calificados.
Iván Arcusin pidió no confundir el objetivo de la reforma: todos buscan una ley justa y equitativa, pero “cortar el eslabón más débil de la cadena no es la solución”. Para él, la labor pericial comprende análisis, inspecciones, ensayos y la defensa técnica de las conclusiones ante los tribunales.
Un límite uniforme, desvinculado de las características de cada intervención, puede generar retribuciones desproporcionadas y desalentar la participación de profesionales especializados. Arcusin también advirtió sobre el volumen de causas que debería afrontar un eventual cuerpo oficial de peritos, teniendo en cuenta la cantidad de juicios laborales que se registran anualmente en la provincia.
El Colegio solicitó revisar la iniciativa y garantizar la participación de las entidades profesionales en la regulación de los honorarios. Enrique Martínez señaló que el planteo coincide en varios aspectos con observaciones de otras entidades, entre ellas el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Martínez remarcó que la propuesta provincial establece un techo para los honorarios y los desvincula del monto de la sentencia. El punto, en este escenario, no es solo una discusión técnica: es una advertencia sobre el futuro de la prueba pericial en los juicios laborales de la provincia.
