La causa $LIBRA dio un giro judicial: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas se presentó formalmente en el expediente y apeló los sobreseimientos de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve acusados.
La PIA, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, asumió la acción penal que había declinado impulsar el fiscal Eduardo Taiano y pidió que el expediente siga abierto para esclarecer el lanzamiento y el colapso de la criptomoneda.
El movimiento no cayó del cielo. El Cipce y el Inecip, organizaciones que participan como amicus curiae, habían reclamado que la fiscalía especializada asumiera la persecución para evitar un cierre que consideraban prematuro.
La PIA ya había abierto una investigación propia días después del lanzamiento y del colapso, antes de que el episodio llegara a los tribunales. Pero, según fuentes del Ministerio Público Fiscal, Taiano nunca le dio intervención durante el año y medio que tuvo la pesquisa, pese a que el organismo suele intervenir en causas con funcionarios públicos.
La Procuraduría tiene antecedentes fuertes. En el caso Skanska, insistió por años para incorporar una grabación interna sobre presunto pago de sobornos; la Corte Suprema validó el planteo y el material permitió reabrir el expediente, con condenas de exfuncionarios kirchneristas. Más cerca en el tiempo, también con Taiano como fiscal, la PIA reclamó la reapertura del Vacunatorio VIP y la Cámara Federal ordenó continuar la investigación.
Ahora, el Juzgado Federal 8, interinamente a cargo de Daniel Rafecas por licencia de Marcelo Martínez de Giorgi, deberá resolver si se reabre la causa. Si el pedido es rechazado, la apelación subsidiaria llevaría el tema a la Cámara Federal.
El fondo del asunto es más espinoso. Inecip y Cipce cuestionaron la actuación de Taiano: señalaron reiterados pedidos de recusación, filtraciones de información sensible y un manejo direccionado de los tiempos de análisis de pruebas. También denunciaron que algunos dictámenes y elementos probatorios aparecieron en el sistema judicial recién después de que trascendieran por la prensa.
La pregunta no es menor: ¿podés cerrar una causa con el Presidente en el banquillo de los acusados sin que quede claro qué pasó con la criptomoneda? La intervención de la PIA abre una nueva instancia, pero también deja en evidencia que el caso sigue vivo y que la pelea judicial apenas empieza.
El cierre que pidió Taiano y firmó Martínez de Giorgi ahora queda bajo la lupa de otra fiscalía y, eventualmente, de la Cámara Federal. Para la política, el mensaje es claro: el caso no muere con un sobreseimiento. Para la justicia, la discusión se vuelve técnica, pero con un nombre que pesa: Milei.
