Un episodio que no se puede pasar por alto: dos trabajadoras del CAPS Capricornio habrían quedado prácticamente privadas de su libertad durante varias horas, según relataron empleadas del lugar. El pedido de informes presentado por la concejal Claudia Villalba (PJ) busca poner en agenda la seguridad en los centros de salud y de desarrollo infantil.
El hecho ocurrió el sábado por la mañana en el centro de salud del barrio Capricornio, en la intersección de República Argentina y Fátima. Según el relato de las trabajadoras, un hombre ingresó con un arma de fuego, cerró la puerta principal y mantuvo a dos empleadas en una situación de cautividad durante varias horas.
Uno de los relatos señala que el hombre permaneció en el establecimiento hasta aproximadamente las 14.30, cuando finalmente se retiró. Las empleadas describieron que no pudieron desplazarse con normalidad ni continuar con sus tareas habituales, una descripción que el texto del pedido resume con una frase dura: “Dos trabajadoras fueron privadas de su libertad bajo amenaza armada”.
La concejal explicó que el pedido se apoya en varios hechos conocidos por diferentes vías en los CAPS y CDI. Mencionó a Frutillitas, Semillitas de Amor, Santa Rita y Azahares, aunque el detalle de cada uno aparece después en el texto.
En el listado, Semillitas de Amor contiene un jardín maternal municipal y un CDI dentro del CIC Víctor Oppel, en Moulins y Camba Paso, barrio Sarmiento. Azahares, en Los Pájaros, asiste a familias de la zona noroeste, en inmediaciones de Villa Cresto.
Las trabajadoras del lugar sostuvieron que hay ausencia de efectivos policiales en el establecimiento. Según explicaron, hace aproximadamente tres o cuatro años se retiró la presencia policial de los centros de salud, una situación que, aseguran, las dejó expuestas ante posibles episodios de violencia. ¿Te parece razonable que un centro de salud funcione sin esa contención?
El pedido también reclama una lista detallada de los CAPS y CDI que hayan sufrido robos, hurtos o actos de violencia hacia su personal en los últimos meses. Pide conocer qué bienes, equipamientos médicos, tecnología, insumos y alimentos fueron sustraídos o dañados, además de una estimación de pérdidas económicas para el municipio y el detalle de la reposición.
Incluye un relevamiento de alarmas, cerramientos perimetrales, cámaras de monitoreo y alumbrado público en el entorno de cada establecimiento. También solicita información sobre el estado de las actuaciones judiciales y administrativas, las denuncias radicadas en comisarías o juzgados y el avance de las investigaciones administrativas dispuestas tras esos sucesos.
Asimismo, pide saber si hay presencia permanente o itinerante de la Policía de Entre Ríos, mediante adicionales o patrullaje, en los CAPS y CDI. Reclama el listado del personal de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana destinado a la custodia específica de los edificios, y recuerda que muchos centros contaban con Guardia Urbana en horas diurnas.
La concejal advirtió que los hechos ponen en riesgo la integridad física del personal de salud y los elementos que forman parte del patrimonio de los edificios. La pregunta queda abierta: ¿se puede garantizar la reapertura de un centro de salud sin medidas de seguridad claras?
