La pelea no era por un mostrador vacío: era por la puerta de entrada de un negocio. En Concordia, la apertura de un mayorista dejó al descubierto una vieja discusión: qué ley sirve para proteger el comercio y qué ley termina frenando el trabajo.
El gremialista Simonetti fue directo: “La ley se usaba para frenar la habilitación de empresas”. Para el dirigente, la normativa venía de otra época, de principios de los 2000, cuando se buscaba proteger al comercio local frente a multinacionales.
Su lectura fue más dura: “Usaban la ley”, sostuvo, y remarcó que “esto lo han hecho los comerciantes”. No habló de una prohibición general, sino de una práctica concreta: denunciar audiencias públicas y trámites que condicionaban la habilitación.
Del lado de los comerciantes, no consta una respuesta en la información disponible. La versión de Simonetti quedó en pie como una denuncia, no como un hecho judicialmente probado.
La empresa Maycon, según el gremialista, venía “todo a favor” para abrir. Pero se topó con una denuncia por el cumplimiento de la Ley N° 9393. Ahí entró el problema: audiencia pública y estudio de impacto socioeconómico, justo cuando el local ya estaba listo y había mercadería perecedera.
No fue un caso aislado, según la misma lectura: hay antecedentes con Diarco, que cerró sus dos locales y se fue en 2024, y con Maxiconsumo. El gremio lo plantea como una señal: la ley no solo frenaba a una empresa, sino a un modelo de radicación.
Representantes de la firma viajaron a la Secretaría de Comercio Interior en Paraná, junto con funcionarios de la municipalidad de Concordia. Allí quedó claro que el municipio tenía la potestad para habilitar. Pero el requisito seguía: audiencia pública y estudio de impacto.
Desde el CCISC sostuvieron que los comerciantes tuvieron varios meses para cumplimentar el requisito y no lo hicieron. Incluso deslizaron la duda de que “no estaba en los planes” hacerlo. La frase corta, pero pesa: si el tiempo existía, ¿por qué no se usó?
El dato que más duele es otro: el sector sufrió 550 bajas laborales en lo que va del año. Por eso, Simonetti remarcó que “no podemos darnos el lujo de desechar estos puestos de trabajo”. Y añadió que el personal está registrado.
Y no se quedó en la municipalidad. Simonetti apuntó también al modelo económico impuesto por el gobierno nacional: “Todos los meses tenemos caídas en las ventas”. Esa lectura amplía la pelea: no es solo una ley local, sino el clima de consumo que golpea a los comercios chicos, medianos y grandes.
El dirigente no pidió un paraíso sin reglas. Dijo que el municipio puede elaborar una ordenanza que reemplace la normativa derogada. También sostuvo que defienden el trabajo, pero que hay que permitir competencia de precios para que el público se beneficie.
En el local de la calle Sarmiento, había movimiento importante. Simonetti dijo que los precios son los mismos que en otras sucursales, como las de Concejal Veiga o Presidente Illía. “Está bueno que estén en el centro”, sostuvo, porque mucha gente no puede irse afuera.
Tras la derogación de la Ley 9393, la pregunta quedó en la mesa: ¿qué reglas van a ordenar la instalación de grandes superficies en Concordia? De ahí en más, el comercio va a tener que competir, y el municipio va a tener que definir el juego.
