La bronca del CCISC no es menor. El comercio concordiense acusa al Municipio de haber avanzado con la derogación de la Ordenanza N.º 34.338 sin debate público, sin instituciones y con un trámite que, según su versión, se movió a destiempo.
Desde la entidad, la frase que repiten es clara: la Ley 9393 no prohíbe la instalación de supermercados, hipermercados ni cadenas mayoristas; la regula, con autorización previa, estudio de impacto y participación comunitaria, tal como fija el Decreto Reglamentario N° 1769/2010. En ese sentido, insisten: “la ley no prohíbe, regula”.
El CCISC recuerda que distintas cadenas ya cumplieron ese procedimiento en Concordia y que, ayer, se realizó una audiencia pública bajo esta misma norma en Crespo. Para el comercio de cercanía, la discusión no es contra el negocio grande, sino por la evaluación que la ley exige antes de cada apertura.
El dato que pone el fuego en la mesa es este: por cada puesto de trabajo generado por un emprendimiento de ese tipo, se pierden 2,4 empleos o autoempleos en el comercio local, sin contar la pérdida en la cadena de suministros, porque estas empresas no suelen comprar productos en la región. Es una afirmación del CCISC, pero marca el tamaño del problema: no se mide solo el puesto que aparece el primer día, sino el saldo completo.
La queja central apunta al trámite: el CCISC asegura que hace más de 8 meses venía presentando consultas formales e informales al Municipio sobre este y otros emprendimientos. Según la entidad, en este caso no hubo respuesta formal, sino evasivas o ambigüedades, y la documentación recién se envió hace 15 días a la Dirección de Comercio Interior de la provincia, en vísperas de la pretendida apertura.
También sostiene que la empresa sabía, desde la solicitud de permiso de uso de suelo, que el proyecto podía quedar alcanzado por la ley. El CCISC afirma que en dos oportunidades anteriores logró eludir la aplicación de la norma a otros emprendimientos en la ciudad y que, ahora, avanzó con la instalación para luego ejercer presión sobre la sociedad y los medios. Es una denuncia, no una certeza: pero explica el clima de bronca.
En paralelo, el intendente de Concordia, Azcué, expresó su respaldo a la medida a través de redes sociales, entre ellas Instagram. “Desde el primer día trabajamos para que el sector privado pueda crecer, invertir y generar empleo en nuestra ciudad”, sostuvo. Y completó que respaldaba la derogación de la Ordenanza N.º 34.338, aprobada ese día.
La discusión no se reduce a un supermercado o a una cadena: toca el modo de gobernar una ciudad, el lugar de las instituciones y el peso de la Ley 9393 como herramienta de regulación comercial. El CCISC sostiene que nadie puede decir que no es una institución de diálogo y razonabilidad, y que ningún funcionario o concejal se comunicó con algún miembro de la entidad. Ahí se juega el diálogo que Concordia necesita para no perder el comercio de cercanía.
