La privatización del Estado dejó de ser eslogan y entró en la etapa burocrática: el Gobierno de Javier Milei formalizó la venta del 90% de AySA por US$ 340,2 millones.
El dato llega con la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, y cierra una licitación pública nacional e internacional que había quedado en el aire.
El paquete accionario fue para el consorcio integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA. Esa alianza presentó la oferta más alta y se quedó con la empresa de agua y saneamiento.
El otro consorcio estaba integrado por Roggio Roas SAU, Hidrosan Capital SAU, Aguas del Plata Participaciones SA y Benito Roggio e Hijos SA.
Esa alianza incluyó también a Central Buen Ayre SA y presentó una oferta de US$ 285 millones. La diferencia con el ganador fue de US$ 55,2 millones, un margen que define quién se queda con el control de una empresa de servicios.
En los fundamentos, el Ministerio de Economía indicó que la Comisión de Evaluación recomendó adjudicar la licitación al consorcio que quedó primero en el orden de mérito. El dictamen no recibió impugnaciones dentro del plazo previsto.
La norma también señala que las ofertas económicas fueron consideradas razonables en función de la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Ahí aparece el BICE como pieza clave para validar el número final.
La adjudicación comprende 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, equivalentes al 90% del capital social y de los votos de AySA. El 10% restante corresponde al Programa de Propiedad Participada de los trabajadores.
La resolución establece el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para la firma del contrato de compraventa. También dispone que la Tesorería General de la Nación comunique al adjudicatario los datos de la cuenta en la que deberá realizar el pago.
AySA fue incluida entre las empresas sujetas a privatización por la Ley 27.742, conocida como Ley Bases. Posteriormente, el Decreto 494/2025 autorizó el procedimiento para avanzar con la venta de las acciones estatales.
Con la Resolución 1818/2026, el Gobierno formalizó la adjudicación del 90% de la empresa al consorcio ganador. La operación todavía debe avanzar con la firma del contrato de compraventa y el cumplimiento de las condiciones previstas para concretar la transferencia accionaria.
El número importa porque el Estado dejó de tener el control mayoritario de una empresa de servicios. No es una venta simbólica: 90% de las acciones y 90% de los votos cambian de manos. El resto queda en manos de los trabajadores, pero el timón pasa al consorcio.
La operación todavía no está cerrada. Falta la firma del contrato y el cumplimiento de las condiciones. Hasta ahí, la adjudicación es un paso fuerte, pero no el final. El Estado ya eligió al comprador; ahora resta que la letra chica no se trabe.
Con este acto, el Gobierno nacional avanza con la privatización de AySA dentro del marco de la Ley Bases y del decreto que autorizó la venta. La próxima etapa será la firma del contrato de compraventa, prevista para antes del 13 de noviembre de 2026.
