En septiembre de 2023, Francisco Azcué, entonces candidato a intendente de Concordia, salía a denunciar persecución contra empleados municipales por sus preferencias políticas. Hoy, tres años después, la misma bronca vuelve a sonar, pero ahora bajo su gestión. La foto de 40 empleados que egresaron de una tecnicatura se volvió el punto de fricción.
Recientemente, Maximiliano Navarro Jaurena, referente de la Confederación Vecinalista, denunció públicamente que empleados municipales estarían siendo perseguidos por participar en espacios políticos distintos al oficialismo. Según sus manifestaciones, algunos trabajadores deben mantener oculta su militancia por temor a posibles represalias. Hasta el cierre, el Municipio no dio su versión sobre esa acusación.
El 15 de julio, la Municipalidad de Concordia publicó en su página oficial de Facebook fotografías de un encuentro con 40 empleados municipales que finalizaron la Tecnicatura Universitaria en Gestión e Innovación Pública, dictada por la UNER. La publicación llevaba como encabezado: “Proyectos que impulsan una mejor gestión pública”. El detalle que quedó afuera pesa: según los propios egresados, la decisión de estudiar, el esfuerzo personal, las horas dedicadas y el financiamiento corrieron por cuenta de los empleados.
Los trabajadores señalan que no fue una capacitación impulsada ni financiada por la gestión de Azcué, sino una decisión personal de quienes, además de cumplir sus tareas, siguieron estudiando. Aun así, el intendente utilizó la imagen en la comunicación institucional para proyectar una gestión comprometida con la formación de sus empleados y la modernización del Estado. El Municipio no respondió a esa lectura.
El Decreto Municipal N.º 281/2023 establece expresamente la bonificación por título para empleados de planta permanente. Su Anexo I, inciso g), contempla un adicional del 42% para títulos universitarios de hasta cuatro años, sujeto al cumplimiento de requisitos. Los empleados no piden un aumento extraordinario, un privilegio ni un beneficio discrecional: solicitan aplicar la normativa municipal.
El 8 de septiembre de 2026, los egresados iniciaron el Expediente N.º 37.924/2026, pidiendo la liquidación del adicional correspondiente. Según informaron, desde el 16 de septiembre el trámite está en la Subsecretaría Legal y Técnica, sin resolución ni respuesta concreta. Hoy, 20 de octubre, pasaron 42 días y, según manifiestan, siguen sin cobrar.
Lo llamativo no es la complejidad: la normativa ya existe y marca el procedimiento. Corresponde verificar documentación, completar intervenciones, dictar el acto administrativo y disponer la liquidación si se cumplen los requisitos. No hace falta que el Municipio se complique: vos sabés que aplicar la norma no es inventar una política salarial: basta con resolver el expediente.
La pregunta que queda en la mesa es simple: ¿los empleados no cobran por una decisión política de no reconocerles el adicional o porque la gestión que habla de modernización y eficiencia no puede resolver un trámite? El expediente sigue abierto, los 40 egresados esperan, y la gestión no dio su versión.
