El pedido de juicio llegó con peso propio. Los fiscales Flavio Ferrini, Santiago Marquevich y Diego Velasco elevaron a juicio la causa contra Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias Yiyi, y otros 12 imputados.
La historia arranca lejos de la costa entrerriana: Boscán Bracho llegó a la Argentina desde Colombia en 2019, con una identidad falsa. Se instaló en un country de Santa Ana, en Corrientes, junto a su esposa, su hija y sus suegros.
En octubre de 2023, detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina lo detuvieron. A partir de ahí, la investigación federal siguió avanzando sobre la red.
En Venezuela, fue considerado uno de los criminales más peligrosos y uno de los diez prófugos más buscados. Las imputaciones que lo perseguían incluían extorsión agravada, homicidio intencional calificado, terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y obstrucción de la libertad de comercio.
Con 37 años, Yiyi encabezaba una red que fue creciendo con sus lugartenientes. La banda, descrita como una facción o célula del Tren de Aragua, empezó a operar en la Argentina.
Según el Ministerio Público Fiscal, la detención no desarmó la estructura. Los fiscales sostienen que Boscán Bracho siguió liderando la organización desde la Argentina y que los delitos que le imputaba Venezuela habrían sido perpetrados mientras ya vivía en el país.
El pedido de juicio incluye a 12 cómplices más, entre ellos Adaly María Domínguez Contreras, pareja del jefe de la organización. Los imputados habían sido procesados por el juez federal de Corrientes Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda.
La acusación central es dura: lavado de activos, asociación ilícita y financiamiento del terrorismo. Los fiscales describen una organización que recolectó y provió bienes y dinero, con conocimiento de que serían usados por una red criminal transnacional que emplea violencia para intimidar y controlar territorio.
El Tren de Aragua aparece como el telón de fondo: una agrupación delictiva nacida en una cárcel de Venezuela y que opera en distintos países. En esta causa, los fiscales identificaron dos ramificaciones de la organización en territorio argentino, además de acciones simultáneas en municipios del estado de Zulia, en Venezuela.
El proceso judicial avanza hacia la etapa de juicio. La causa queda instalada en el mapa de la criminalidad organizada transnacional y muestra que una detención en Corrientes puede abrir una investigación con ramificaciones en Argentina y Venezuela.
