No es un economista opositor ni un think tank crítico: es Techint, el grupo empresario que dotó de cuadros corporativos a medio gabinete de Javier Milei, el que ahora pone en blanco y negro los riesgos que acechan al modelo. Lo hizo en la sección «Factores de Riesgo Adicionales» de un suplemento oficial de su subsidiaria Tecpetrol, y el diagnóstico es tan descarnado como revelador viniendo de donde viene.
El capítulo cambiario no deja margen para la ambigüedad. La empresa advierte que «la devaluación del peso puede tener un impacto negativo sobre la capacidad de determinadas empresas argentinas de pagar sus deudas en moneda extranjera», puede generar inflación y «reducir sustancialmente los salarios en términos reales». El documento recuerda que el peso se devaluó cerca de 41% durante 2025 según el tipo de cambio de referencia del Banco Central. Y aunque reconoce que la brecha entre el dólar oficial y los financieros «se ha achicado», deja una advertencia firme: «No podemos asegurar que el gobierno argentino no realizará más cambios regulatorios» sobre el mercado cambiario, ni que no se impongan nuevas restricciones o un desdoblamiento del tipo de cambio.
La inflación ocupa el segundo lugar en la lista de alarmas. El suplemento cita al INDEC: el índice de precios acumuló 211,4% en 2023 —la marca más alta desde 1991—, bajó a 31,5% en 2025 y llegó a 19,3% en los primeros siete meses de 2026. Tecpetrol conecta ese dato con el cuadro más amplio: los altos índices de inflación «afectan la competitividad de Argentina en el exterior, la desigualdad social y económica» y debilitan la confianza en el sistema bancario. No es un dato menor que lo diga la empresa, no la CGT.
El crecimiento existe, pero convive con sombras. La empresa admite que el PBI avanzó 4,4% en 2025 y 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026, pero aclara que esas cifras coexisten con una deuda pública «elevada» como porcentaje del producto, un déficit fiscal alimentado por «el aumento discrecional del gasto público» y una inversión que se mantiene «muy baja». A eso se suman riesgos concretos: posibilidad de «manifestaciones o huelgas», desempleo e informalidad laboral elevados, y un suministro de energía que podría no alcanzar para sostener la actividad industrial.
El capítulo electoral es donde el documento muestra su costado más político. El texto recuerda que tras el triunfo opositor en las legislativas desdobladas de la provincia de Buenos Aires, el mercado reaccionó con volatilidad y caída en el precio de las acciones. El cuadro se revirtió el 26 de octubre, cuando el oficialismo obtuvo 40,7% de los votos para Diputados y 42% para el Senado a nivel nacional, contra 31,7% y 28,4% de Fuerza Patria. Los mercados respondieron positivamente, pero el propio prospecto matiza el festejo: «A pesar de la mejora inmediata en la confianza del mercado, no hay garantía de que estas condiciones se mantengan a lo largo del tiempo».
El resumen que hace la empresa del desafío oficial es elocuente: el gobierno enfrenta «retos macroeconómicos singulares» que incluyen reducir la inflación, lograr superávit comercial y fiscal, acumular reservas, sostener el peso y refinanciar la deuda con acreedores privados. Que ese diagnóstico lo firme el mismo grupo al que Milei apodó «Don Chatarrín» le da al documento una dimensión que va más allá de la jerga financiera: es una radiografía incómoda escrita por un aliado que ya no lo es del todo.
