Cinco meses sin sumar presión inflacionaria, pero con los costos trepando sin pausa. Ese es el cuadro que describe hoy la industria frigorífica argentina, y la foto no es tranquilizadora. Daniel Urcía, vicepresidente de FIFRA y dirigente de la UIA, encendió las alarmas con un diagnóstico que combina suba de costos fijos, caída real de precios y menor disponibilidad de hacienda.
El factor que más duele en los bolsillos de las empresas es la factura eléctrica. Según explicó Urcía, el incremento en los costos de generación llevó a duplicar y hasta triplicar el monto de los comprobantes mensuales, golpeando directamente la liquidez de los frigoríficos. Las presentaciones formales ante la Secretaría de Energía y CAMMESA no obtuvieron respuesta hasta el momento. Un silencio que, en este contexto, tiene costo.
Donde sí hubo movimiento fue en el plano subnacional. Los gobiernos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba acordaron financiar los cargos eléctricos de junio, julio y agosto en cuotas —ocho, siete y seis respectivamente— a una tasa del 15% anual. Urcía lo valoró como una señal concreta: “Es una medida que representa un alivio para las empresas y demuestra que existen herramientas para atenuar el impacto de aumentos extraordinarios de costos”.
Otro frente que el sector viene peleando desde hace años es el de las tasas de introducción municipal, esos tributos locales que encarecen la comercialización de alimentos sin ofrecer un servicio real a cambio. Un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia, dictado tras 18 años de litigio, volvió a poner el tema sobre la mesa: las tasas sin contraprestación son inconstitucionales. Para Urcía, el principio es claro: los municipios pueden controlar lo que ocurre en sus ejidos, pero duplicar controles sobre introductores de alimentos sin dar nada a cambio es un costo que la cadena no puede seguir absorbiendo.
En el plano productivo, el panorama tampoco invita al optimismo. La cadena vacuna atraviesa un año contractivo: pese a una leve mejora en el peso promedio de faena, el ejercicio cerraría con un volumen de cabezas un 10% inferior al del año previo, lejos de los niveles históricos que superaban los 14 millones de animales. La consecuencia es directa y Urcía no se anduvo con rodeos: menos producción equivale a menos carne disponible, y eso explica la caída del consumo sin necesidad de buscar otras razones.
En contraste, la producción porcina sigue en expansión con precios competitivos, aunque la reciente suba de la soja y el maíz empieza a tensionar la ecuación de costos en las granjas. Una señal de alerta que el sector ya tiene en el radar.
Respecto a los precios en mostrador, la carne acumula cinco meses sin aportar presión al índice de inflación, con caídas leves en los últimos dos meses según relevamientos de la Ciudad de Buenos Aires y del INDEC. Los valores de la hacienda se mantienen amesetados desde el techo de marzo, lo que implicó un deterioro real frente a una inflación acumulada cercana al 10%. Hacia fin de año, Urcía anticipa una posible recomposición de valores que el sector prefiere llamar recuperación, no aumento: una distinción que, para el consumidor en la carnicería, puede no hacer demasiada diferencia.
