El conflicto universitario no encuentra techo. Tras el fracaso de la negociación paritaria, la Universidad de Buenos Aires anunció un plan de lucha que arranca el lunes próximo con ceses de actividades rotativos y se extenderá hasta el 22 de octubre, sumando más de 20 días de paro en total. La oferta del Gobierno nacional fue un 3% de aumento, una cifra que la comunidad universitaria rechazó de plano.
El número es elocuente: tres por ciento en un contexto donde la inflación acumulada sigue royendo los salarios docentes y el presupuesto universitario. No hace falta ser economista para entender por qué la propuesta cayó como un baldazo de agua fría en las aulas y los claustros.
Además del plan de paro, la comunidad universitaria convocó a una nueva marcha federal con concentración frente al Palacio de Tribunales. El eje del reclamo es concreto: el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que el Poder Ejecutivo viene esquivando con distintas maniobras presupuestarias. La movilización busca sumar presión judicial y política al mismo tiempo.
El esquema de ceses rotativos apunta a sostener la visibilidad del conflicto sin agotar de un golpe la capacidad de movilización. Es una táctica que los gremios docentes conocen bien: mantener el fuego encendido semana a semana, obligando al Gobierno a sentarse a negociar en serio o a pagar el costo político de un sistema universitario paralizado.
Lo que está en juego no es menor. Las universidades nacionales son el principal canal de movilidad social del país, y cada semana de clases perdida tiene un impacto real sobre miles de estudiantes que trabajan, viajan y organizan su vida en torno al calendario académico. El conflicto, si no se resuelve, llega al tramo final del año con el calendario académico en jaque.
