Empezó con una publicidad en Facebook y terminó con más de 64.000 dólares perdidos, dos préstamos bancarios encima y una causa federal abierta. La historia de una mujer de Concepción del Uruguay es el retrato más crudo de cómo operan las estafas de inversión digital en la Argentina de hoy.
Según la denuncia, todo comenzó cuando la víctima encontró en la red social una publicidad de Libertex, una plataforma que prometía inversiones automatizadas. Tras ingresar sus datos, recibió llamados de dos personas que se presentaron como operadores y asesores financieros. Le indicaron qué aplicaciones instalar, cómo mover el dinero y qué operaciones ejecutar. Las plataformas involucradas, según lo denunciado, fueron Libertex, Belo y Fiwind.
El anzuelo clásico funcionó a la perfección: al principio, las inversiones mostraron resultados positivos. Eso llevó a la mujer a apostar cada vez más. Primero volcó sus ahorros. Después vendió acciones y bonos que tenía en otras plataformas. Y cuando llegaron las pérdidas, los supuestos asesores le dijeron que debía inyectar más dinero para evitar el cierre de las operaciones y recuperar lo perdido.
Fue entonces cuando la situación se volvió todavía más grave: la víctima pidió un préstamo de $16 millones en el Banco Santander y otro de $11,5 millones en el Banco Nación, y transfirió esos fondos para continuar con las inversiones. Además, denunció que dentro de su cuenta se realizaron operaciones y movimientos que no había autorizado, algo que agrava el cuadro y podría configurar otros delitos.
La denuncia fue presentada el 27 de agosto de 2025 ante la Fiscalía Federal de Victoria. La causa planteó una posible estafa y también intermediación financiera no autorizada. Sin embargo, el expediente generó un conflicto de competencia entre los juzgados federales de Victoria y de Concepción del Uruguay. Tuvo que intervenir la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná para resolver la disputa.
El 10 de septiembre, la Cámara determinó que la investigación quedará a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay, bajo la conducción del juez subrogante Hernán Viri. El criterio fue claro: la denunciante vive en esa ciudad, allí realizó los movimientos bancarios y allí solicitó los préstamos. La investigación está en marcha.
