Hay reuniones, hay sesiones, hay declaraciones. Lo que no hay es solución. El conflicto entre PAMI y el Sanatorio Concordia sigue abierto y el Concejo Deliberante, que tomó el tema con cierta urgencia, terminó reconociendo lo que muchos ya sabían: no tiene herramientas legales para obligar a dos partes privadas a sentarse a firmar un convenio.
Esta mañana, desde el PAMI local aseguraron que no tienen registro de denuncias de familiares ni datos sobre la persona que habría fallecido en su hogar, un caso que circuló en la sesión pero cuya identidad el Concejo tampoco confirmó. La obra social intentó obtener información sobre ese caso y no recibió respuesta. Aclararon, eso sí, que un afiliado con problemas cardiológicos que necesite cirugía debería estar internado, aunque eso no descarta que pueda haber habido un error u omisión en la atención médica.
El concejal del PJ, Mendieta, repasó en la sesión que el martes se reunieron con representantes del Sanatorio. La institución presentó un informe de 50 páginas que documenta la situación financiera del establecimiento durante los últimos diez meses de conflicto con PAMI, con números, antecedentes, reclamos y cuestionamientos al funcionamiento de la UGL XXXIV. Un documento denso que pinta el cuadro pero no lo resuelve.
Lo que también quedó en evidencia fue la ausencia de la directora del PAMI local, Karina Bernardi, quien según Mendieta no quiso presentarse a la reunión del martes, ni siquiera por separado. Los concejales, en cambio, sí fueron hasta las oficinas de Urquiza y Tucumán. “Tiene que entender que tiene 15.000 vidas en la mano”, señaló el edil. Desde PAMI, en tanto, hay malestar con ese relato: sostienen que sí estuvieron presentes en el Consejo del Adulto Mayor el jueves de la semana pasada y dieron explicaciones. El punto de fondo que remarcan es que fue el Sanatorio el que decidió dar de baja el convenio ante la falta de actualización de aranceles, y que eso escapa a su órbita de resolución. La lectura que hacen sobre los concejales es dura: entienden que solo buscan una foto para las redes y la prensa, sin posibilidad real de lograr nada.
Mientras tanto, la Mesa de Jubilados y Pensionados no se queda quieta. Ramón Cabrera, uno de sus referentes, anunció que pedirán la Banca del Pueblo en el Concejo y una audiencia con el intendente Francisco Azcué para solicitar que se declare la emergencia sanitaria en la ciudad. “Y que se tomen medidas pero no solamente la declaración”, advirtió. También están recibiendo asesoramiento legal para presentar una denuncia por abandono de persona. Cabrera no le cree a las autoridades provinciales de salud cuando dicen que todo está bajo control: estuvo en el hospital Masvernat y encontró gente haciendo fila desde la madrugada para sacar un turno, con familias de “turneros” cobrando por guardar el lugar.
La única salida de fondo que mencionó el PAMI en manos del municipio sería la construcción de un hospital municipal, que la obra social contrataría junto a otras como OSER. Pero esa posibilidad está lejos de concretarse. El miércoles, en la entrega de cinco ambulancias, el intendente Azcué acompañó a autoridades provinciales de salud que explicaron el esquema para atender a los afiliados. El ministro Daniel Blanzaco admitió que la disponibilidad de camas cayó y que hay que adaptarse. El conflicto, por ahora, sigue sin fecha de cierre.
