El dato es contundente y no admite eufemismos: entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron más de 97.000 empleos industriales registrados y cerraron más de 4.000 establecimientos manufactureros en Argentina. Con ese telón de fondo, el bloque Más para Entre Ríos presentó este miércoles, en el marco del Día de la Industria, un proyecto de ley para declarar la Emergencia del Sector Industrial en la provincia por un plazo inicial de 12 meses, prorrogable según la evolución de los indicadores de actividad, producción y empleo.
La iniciativa no es un gesto simbólico: tiene herramientas concretas. Propone crear el Certificado de Emergencia Industrial Entrerriana, destinado a empresas que acrediten caídas en ventas o producción, dificultades para financiar capital de trabajo, aumentos extraordinarios de costos o riesgo cierto de suspensiones y despidos. Quienes accedan a ese certificado podrían beneficiarse de facilidades tributarias a través de ATER, mecanismos para regularizar deudas y afrontar ejecuciones fiscales, líneas de financiamiento productivo y medidas vinculadas con los costos energéticos. Las micro, pequeñas y medianas empresas serían las destinatarias prioritarias.
El diputado Enrique Cresto puso el foco en algo que los números no siempre capturan: muchas de las industrias golpeadas son empresas familiares que pasaron de generación en generación. Ese detalle no es menor. Habla de un tejido productivo construido durante décadas que hoy enfrenta la amenaza de desaparecer en meses. El proyecto surgió del diálogo directo con industriales de distintas localidades entrerrianas, lo que le da un anclaje territorial que no siempre tienen este tipo de iniciativas legislativas.
El fundamento técnico del proyecto se apoya en un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos oficiales, que además registró un nivel de utilización de la capacidad instalada industrial del 59,1%. En otras palabras, la industria argentina está funcionando a poco más de la mitad de su potencial. Para Entre Ríos, con su perfil productivo ligado a la agroindustria, la madera, los cítricos y el sector alimenticio, esa cifra tiene consecuencias directas sobre el empleo y la economía regional.
La propuesta también contempla la creación de una Comisión de Seguimiento de la Emergencia Industrial con participación del Estado provincial, la Legislatura, trabajadores, cámaras empresariales y universidades. El organismo tendría la función de monitorear la evolución del sector y aportar elementos para decidir si la emergencia se prorroga o no. Además, el proyecto invita a los municipios y comunas entrerrianos a implementar medidas complementarias de alivio para las industrias alcanzadas. Antes de llegar al recinto, la iniciativa deberá transitar el tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
