El negocio del robo de energía tiene los días contados, al menos en las zonas donde Enersa decidió poner el ojo. La empresa eléctrica provincial intensificó los controles por conexiones clandestinas y extendió los procedimientos a un nuevo frente: los establecimientos comerciales.
Hasta ahora, el operativo ya dejó un número concreto sobre la mesa: 2.200 usuarios regularizados. No es un dato menor. Cada conexión clandestina es energía que alguien consume y nadie paga, una carga que termina distribuyéndose entre quienes sí cumplen con la factura todos los meses.
La empresa fue clara respecto del horizonte: el objetivo es llegar al 100% de las conexiones en cada zona intervenida. No una revisión parcial, no un operativo de imagen. La meta declarada es la cobertura total, lo que implica que los controles no van a detenerse hasta barrer cada punto irregular del área bajo análisis.
El salto hacia los comercios marca un cambio de escala en la operación. Si hasta ahora el foco estuvo puesto principalmente en conexiones residenciales, la extensión al sector comercial indica que el problema tiene una dimensión más amplia de lo que muchas veces se reconoce públicamente. Un local que evita pagar la energía que consume no solo defrauda a la empresa: compite de manera desleal con quienes sí afrontan ese costo en sus gastos operativos.
Los controles de Enersa se enmarcan en una tendencia que viene creciendo en distintas distribuidoras del país, donde las pérdidas por conexiones ilegales representan un porcentaje significativo de la energía que se inyecta al sistema. Regularizar esa situación es, también, una forma de sostener la viabilidad financiera del servicio y evitar que el costo del fraude termine trasladándose a las tarifas de los usuarios que pagan.
